• De 144 mil 745 deportados a México en 2011, la mitad cuenta con antecedentes penales: diputado Tejada Padilla

07-02-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a establecer un diálogo diplomático con su homólogo estadounidense para modificar el Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos.

Asimismo, solicitar al Instituto Nacional de Migración implantar la Plataforma México.

Lo anterior, con el propósito de mejorar la coordinación entre los diferentes actores involucrados en la recepción de migrantes, ya sean entidades federales, estatales o municipales, de ambos lados de la frontera, así como las organizaciones de la sociedad civil, mediante la creación de Bases de Datos Binacionales e Intercambio de Información.

Esto tiene el objetivo de obtener estadísticas exactas sobre el retorno de todos los connacionales, tales como revisión de antecedentes penales, calidad migratoria, captura de biométricos, así como orientación con base en sus perfiles en cuanto a posibilidades de reinserción en el ámbito laboral en sus estados.

Al respecto, el diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM), promotor del punto, afirmó que de los 144,745 deportados de E.U. a México en 2011, el cincuenta por ciento contaba con antecedentes penales y fueron sentenciados por delitos que van desde violaciones a leyes migratorias hasta robo, asalto, violencia intrafamiliar, delitos sexuales o relacionados con drogas.

Esto, dijo, representó un aumento del 89 por ciento en la deportación de personas con antecedentes penales con relación al 2008. “No se trata de criminalizar al migrante, pero nos preocupan las cifras”, aclaró.

Al dar el posicionamiento de su partido, el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, de Nueva Alianza, señaló que de acuerdo con el INM, en el 2012 fueron repatriados 369 mil mexicanos por lo que consideró imperativo garantizar la llegada segura de los paisanos a sus lugares de origen.

“Debe replantearse el Memorándum con miras de los derechos humanos. Es inexistente la coordinación entre los actores involucrados en la recepción de los migrantes”, aseguró.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf, del PT, mencionó que son recurrentes los abusos cometidos por parte de autoridades de E.U. hacia migrantes mexicanos en los centro de detención. Les confiscan pertenencias y documentos oficiales, violando así sus derechos fundamentales, indicó.

“Existen acuerdos, como el caso de Memorándum sobre la repatriación segura de mexicanos, pero no se cumple a cabalidad y se pone en riesgo la integridad de los deportados”, sostuvo.

En su turno, la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Beatriz Córdova Bernal, aseveró que más de la mitad de las deportaciones se realizaron fuera de las estipulaciones del Memorándum, lo que ha contribuido a disminuir de 1.7 millones de deportados en el 2000, a 600 mil en el 2010 debido a los abusos que sufren.

“Los mexicanos indocumentados en E.U. suman 6.8 millones, o sea que de cada 3 migrantes 1.5 son mexicanos” agregó.

La diputada Amalia García Medina, del PRD, dijo que existe la posibilidad de incluir el tema de las deportaciones en la reforma migratoria planteada por el gobierno de Estados Unidos.

“El gobierno norteamericano no informa sobre las causas de detención y deportación, de tal manera que cuando se les coloca en algún punto de la frontera o de la Ciudad de México no se sabe quiénes son”.

La diputada Martha Berenice Álvarez Tovar, del PAN, resaltó la necesidad de revisar el Memorándum, el cual se ha mantenido desde el 2004, con el objetivo de incorporar lo necesario para que los procesos de traslado se hagan bajo operativos conjuntos y donde la información fluya entre las autoridades de ambos países.

“Que Derechos Humanos sea eje fundamental durante las negociaciones con Estados Unidos”, propuso la legisladora.

Por último, la diputada María de Jesús Huerta Rea, del PRI, aclaró que reconocen la soberanía de E.U. para decidir la forma en que conducen la materia migratoria, pero, dijo, de tal manera que se respete lo acordado y se procure el arribo seguro de quienes fueron deportados.

“Estamos convencidos de que la elaboración de los registros estadísticos es una condición para ordenar el flujo migratorio garantizando los derechos humanos y la seguridad de los municipios fronterizos”, finalizó.

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