11-03-13.- Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos se reunieron con familiares de mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, quienes se pronunciaron por federalizar estos delitos.

La diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), presidente de éste órgano legislativo, reconoció la importancia de que sea el Ministerio Público Federal el que atraiga los casos e investigue en cuanto se interpongan las denuncias correspondientes, a diferencia de lo que ocurre actualmente con la autoridad local, “que lo hace, pero con deficiencias”.

De igual forma, agregó, se debe tipificar el delito de desaparición de mujeres, toda vez que en ello tiene mucho que ver el crimen organizado. “Estaríamos hablando de bandas dedicadas a la trata de personas, porque nadie desaparece de forma voluntaria. Este tema no sólo nos preocupa, nos ocupa, y estamos buscando esquemas de solución”.

Los familiares de las víctimas denunciaron que la desaparición de jóvenes se ha incrementado de forma alarmante en Ciudad Juárez ante la incapacidad de las autoridades locales para evitarlo.

Ernestina Enríquez Fierro y Norma Andrade manifestaron que de 2008 a la fecha han desaparecido alrededor de 107 mujeres y aumentado el número de feminicidios. Mencionaron que tan sólo en el mes de julio del año pasado desaparecieron 18 jóvenes, diez de ellas de entre 12 y 16 años de edad.

En este año, señalaron, 32 mujeres fueron halladas asesinadas en una misma zona de Ciudad Juárez y también con un perfil fisiológico similar.
Se refirieron de igual forma al caso Campo Algodonero, en el cual, afirmaron, el Estado mexicano no ha dado cumplimiento cabal a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco el estado de Chihuahua ha brindado la información correspondiente en torno a las investigaciones, como lo establece dicho resolutivo.

Denunciaron que ante su insistencia para hacer que se cumpla la sentencia, han recibido amenazas y hostigamiento, aunque dijeron desconocer el origen de las mismas. “No podemos acusar directamente a las autoridades municipales o estatales de las amenazas, lo que sí afirmamos es que ha habido una gran indiferencia de parte de ellas”.

Por su parte, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) dijo que la Comisión de Derechos Humanos ha solicitado al Estado que cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana en torno al caso del Campo Algodonero y los feminicidios, de lo contrario, México corre el riesgo de ser expulsado de la Organización de Estados Americanos por incumplimiento de los tratados.

María de Lourdes Amaya Reyes (PRD) dijo a su vez que esta comisión tiene que trabajar, quizá no para solucionar el caso, porque no es sencillo, pero sí al menos para que se haga llegar a los familiares de las víctimas toda la información correspondiente en torno a las indagatorias, como parte de sus derechos y de la misma sentencia de la Corte.

Recordó que en noviembre del 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidio, sucedidos en Ciudad Juárez en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad, y por la violencia estatal ejercida en contra de sus familiares.

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