12-03-2012.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 441 votos, reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de integrar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y otorgarle facultades para intervenir en conflictos agrarios.

Las reformas, a los artículos 36 y 46 Ter, establecen que corresponderá a la SEDATU coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria.

Asimismo, delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico y fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres de zonas rurales.

Además, diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias; constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres; y establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del Sistema y del Programa.

Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Equidad y Género, la diputada María del Rocío García Olmedo señaló que las reformas tienen el objetivo de atender el problema de violencia de género en las zonas y comunidades rurales que tienen como premisa la vulnerabilidad de la mujer rural, ya que en gran cantidad son indígenas, pobres y jefas de familias.

Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, el 44.5 por ciento de las mujeres rurales opinó que no se respetan los derechos humanos. Según la ONU indica el grave problema que enfrentan las mujeres con la violación de sus derechos agrarios, por lo cual resulta evidente su enorme desventaja.

Por ello, dijo, se integra a la SEDATU al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, derivado de que a esta dependencia le corresponde aplicar los preceptos agrarios.

La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva Alianza) dijo que la reforma busca adoptar medidas que faciliten el acceso a los bienes y servicios de las mujeres rurales en el país, ya que requieren de condiciones que propicien su igualdad de oportunidades y no discriminación.

La modificación, añadió, establece la correspondencia de la SEDATU para coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria, así como para fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico.

Por Movimiento Ciudadano, la diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez recalcó que las mujeres rurales son el extracto más pobre de la sociedad, son quienes más sufren la discriminación, “mujeres y niñas rurales que representan el 25 por ciento de las personas del mundo y una gran parte de la mano de obra agrícola”.

Por ello, dijo, la reforma pretende atender el problema de la violencia de género, que se presenta en las zonas y comunidades rurales de nuestro país, teniendo como premisa que la vulnerabilidad de la mujer rural es especial.

La diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) consideró que con esta reforma se va a resguardar la igualdad sustantiva, que tiene que ver con garantizar que mujeres en el sector rural tengan la posibilidad de igualar su vida, como lo hacen las mujeres de desarrollo general en las zonas urbanas.

Destacó que no es una falta de normas en el sector rural, sino ausencia de oportunidades, de herramientas, que le permitan a las mujeres tener verdaderamente una igualdad sustantiva para que puedan tener un desarrollo igualitario.

En su turno, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) se pronunció por eliminar todas las prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres acceder a los recursos agrícolas, como suelo, insumos y crédito.

Subrayó que para su partido es fundamental el desarrollo pleno de las mujeres y con la reforma se contribuirá a su empoderamiento y “se evitará que se le siga discriminando y violentando por su condición de mujer de campo o indígena”.

Del PAN, la diputada María Celia Urciel Castañeda mencionó que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de las personas ocupadas en el campo, el 27 por ciento son mujeres. Sin embargo, sólo el 20 por ciento de ellas son propietarias de la tierra. La gran mayoría de ellas no recibe un salario como retribución por su trabajo y mucho menos cuenta con acceso al crédito y a los servicios de capacitación.

Por tal situación, dijo, se busca reconocerlas en las políticas, en programas, en acciones y en presupuestos gubernamentales como actoras protagonistas en el desarrollo nacional. Con las reformas se sentarán las bases en favor de las mujeres que viven en el ámbito rural.

El diputado Ossiel Omar Niaves López (PRI) afirmó que es justo y necesario que se fortifiquen los derechos de la mujer rural, se promueva su participación en la sociedad y se combata la discriminación que subsiste en los ejidos y comunidades agrarias.

Comentó que con las modificaciones se impulsarán y protegerán los derechos de las mujeres del campo y de las indígenas, con un compromiso político, social y ético de seguir fomentando su desarrollo.

La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

-- ooOoo --