14-03-2013.- La Cámara de Diputados aprobó por 429 votos una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley Agraria, a efecto de salvaguardar la soberanía nacional y favorecer la conservación de la biodiversidad en territorio insular mexicano, elemento fundamental para la riqueza natural del país.

El dictamen enviado al Senado busca dar certeza a la jurisdicción federal sobre el territorio insular, encaminando la protección, desarrollo y, en su caso, debida concesión para el caso de que beneficien a los núcleos de población.

Asimismo, plantea preservar el dominio de la Federación, a través del cuidado de la flora, fauna, recursos y soberanía de la zona económica exclusiva determinada por la Constitución Política.

Asegura que actualmente la Ley Agraria ampara la enajenación y desincorporación de los terrenos nacionales o baldíos del régimen federal, homologación que se considera incorrecta, ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma que la de territorio insular, en términos ambientales e incluso de soberanía nacional.

Por ello, las reformas redundarían en el fortalecimiento de instrumentos que den certeza jurídica sobre aquéllos que no pueden ser transmitidos por ninguna clase de título en propiedad, ni puedan ser sujetos de explotación por personas o entidades extranjeras.

Al fundamentar el dictamen, la diputada Gabriela Medrano Galindo (PVEM) manifestó que la reforma busca proteger la biodiversidad mexicana y salvaguardar la soberanía nacional dentro del territorio insular mexicano. “Es fundamental impulsar reformas que ayuden a salvaguardar la diversidad de especies de la vida silvestre”, subrayó.

Destacó que las islas mexicanas representan el 3 por ciento del territorio terrestre, albergan entre el 15 y 20 por ciento del total de especies de flora y fauna mundial; “y en los últimos años han tenido diversos conflictos relacionados con su propiedad, lo que representa una amenaza a su biodiversidad y a la soberanía nacional”.

Advirtió que empresas inmobiliarias de origen canadiense, estadounidense y europeo, comercializan por Internet islas mexicanas, lo que vulnera el mandato constitucional y al cual están sujetos estos territorios, provocando conflictos ambientales e incluso agrarios.

El problema radica en que la Ley Agraria permite la enajenación y la desincorporación del Régimen Federal de los terrenos nacionales y baldíos, “lo que pone en riesgo el aislamiento que por cientos de años han tenido estos territorios y ha permitido que especies que ahí habitan, sean aun más frágiles y vulnerables al impacto de las actividades humanas”.

En tanto, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) señaló que a través de la reforma se impide la desincorporación de parte del territorio nacional y se evita dejar en manos de extranjeros parte importante de la soberanía. “La homologación de territorios, sin hacer distinción, va a detrimento de la riqueza natural que se encuentra en las islas mexicanas”, indicó.

El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño (Movimiento Ciudadano) dijo que el dominio de la nación debe mantenerse inalienable e imprescriptible, “por lo que es necesario fortalecer la legislación en materia de protección integral del territorio insular, para frenar el daño ecológico y la extinción de especies, con una visión de soberanía y sustentabilidad para el desarrollo de las comunidades.

El diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) puntualizó que la reforma fortalece la soberanía nacional y la protección a los recursos naturales. “Ha habido un afán de rapiña haciendo negocio con los bienes de la nación, enajenando bienes insulares y dañando la biodiversidad en México”, agregó.

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