• Hay en las cárceles más de 8 mil presos por delitos del orden federal o común, sin el debido proceso por falta de traductor

• La presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Eufrosina Cruz, reveló que muchos ignoran los motivos de su reclusión

14-03-2013.- La Cámara de Diputado aprobó, con 431 votos, reformas a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para establecer la obligación del Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, de apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos en lenguas indígenas nacionales y español, a fin de contribuir a que el acceso de los grupos étnicos a la justicia sea real y efectivo.

El documento destaca que en México existen aproximadamente 62 grupos etnolingüísticos que representan más de la décima parte de la población. De acuerdo con el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, en el país viven seis millones 913 mil 362 personas de tres años y más que hablan lengua indígena.

Además, 15.7 millones de personas se consideran indígenas; de ellas, el 6.9 por ciento hablan alguna lengua. Las entidades con mayor población indígena, según el tipo de hogar de pertenencia, son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Estado de México, Puebla e Hidalgo. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, las más habladas son maya, náhuatl, zapoteco y mixteco.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, diputada Eufrosina Cruz Mendoza, señaló que en las cárceles mexicanas más de ocho mil indígenas se encuentran presos por delitos del orden federal, como la siembra de mariguana o por infracciones del fuero común, relativas a robos o secuestros, según cifras recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, dijo, muchos de ellos fueron encarcelados sin contar con un debido proceso y sin conocer o comprender el motivo de su reclusión. “La mayoría son auténticos líderes comunitarios que defienden su tierra, sus recursos, sus tradiciones, sus familias, su lengua en contra de los intereses autoritarios de caciques, de autoridades locales o de poderosas empresas trasnacionales”.

Recalcó que el mayor delito de los indígenas en México es la pobreza, y paradójicamente, el ser propietarios de la mayor parte de la riqueza natural del país. La falta de asesoría jurídica y apoyo institucional han propiciado que muchos sean víctimas de injusticia, situación que se agudiza en las grandes ciudades ante la ausencia de defensores de oficio o traductores que asesoren a nuestras hermanas y hermanos indígenas.

Por ello, dijo, el Estado mexicano, sin distinción del orden de gobierno del que se trate, debe propiciar políticas públicas tendentes a garantizar a las y a los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

La diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) comentó que actualmente no hablar español implica dificultades a la población indígena para la obtención de servicios administrativos fuera de su comunidad, así como para la resolución de conflictos legales.

Se manifestó a favor de toda acción legislativa encaminada a proteger los derechos humanos, la identidad cultural y la lingüística de los pueblos y comunidades indígenas.

En su turno, el diputado Juan Luis Martínez Martínez (MC) dijo que los traductores o intérpretes lingüísticos habilitados regularmente son hablantes de lengua indígena y del español, pero no tienen conocimientos jurídicos para explicar al acusado los alcances y consecuencias de los procesos administrativos o judiciales, así como realizar una defensa debidamente adecuada.

Advirtió que las grandes violaciones a los derechos más esenciales de los pueblos indígenas, no tendrán solución de fondo si no vienen acompañados de una reforma integral en el ámbito judicial.

El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo (PT) subrayó que en la ley vigente no aparece la expresión de defensores públicos, por lo que la adición será un instrumento que permitirá que la defensa no sólo cuente con intérpretes y traductores, sino que abarque el aspecto legal que en muchas ocasiones es obstáculo para no aplicar las leyes en su justa dimensión.

Opinó que la reforma es sustancial porque su intención es que las personas hablantes de lenguas indígenas tengan acceso a una defensa en condiciones iguales a quienes los demandan. “Se trata de que la justicia se imparta con equidad”.

Por el PVEM, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares dijo que capacitar a personas que conozcan las lenguas, la cultura y cosmovisión de las comunidades indígenas es un acertado principio porque se podrá dar justicia y equidad.

Consideró que los jueces para determinar sus resoluciones deben considerar la cosmovisión, el conocimiento y la identidad de lo que las comunidades indígenas piensan, porque si no hay una persona que pueda traducir y plasmar a los juzgadores esas circunstancias no se estará aplicando justicia.

En tanto, el diputado Vicario Portillo Martínez (PRD) enfatizó que los hablantes de dialectos tienen derecho a comunicarse con su lengua materna sin ninguna restricción en cualquier ámbito de su vida. Para tal fin, se deben tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales durante los juicios y procedimientos legales.

Asimismo, las autoridades tienen la obligación de proveerles un intérprete y un defensor conocedor de la lengua y cultura a la que pertenecen; acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural y que en los niveles medio superior y superior se fomente el respeto a la pluriculturalidad y el multilingüismo, puntualizó.
Del PAN, la diputada Margarita Licea González comentó que existen muchos casos de inequidad donde uno de los problemas para el debido proceso de mexicanos hablantes de lenguas maternas se debe a la diferencia de idiomas en los juicios.

Añadió que según el Instituto Nacional de las Mujeres, sólo el 14.3 por ciento de las indígenas en prisión han recibido los servicios de un intérprete durante sus procesos penales, por lo que se pronunció a favor de la reforma para que se establezca la obligación del Estado de crear la figura de defensores de oficio hablantes de lenguas indígenas.

El diputado Fernando Zamora Morales (PRI) refirió que existe un segmento de mexicanos que están más marginados que el resto, quienes no pueden comprender un interrogatorio de los policías, una acusación legal de un abogado particular o del ministerio público. No pueden tomar conciencia de las palabras de los jueces y no entienden las instrucciones de los custodios de las cárceles.

Por ello, dijo, la reforma busca garantizar la asistencia a quienes no pueden comprender la cultura legal escrita en un idioma que no conocen, a través de la capacitación de traductores que auxilien a estos mexicanos que solamente hablan su lengua materna, ya que son muchas personas vulnerables a sufrir actos de injusticia por su marginación cultural.
La reforma se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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