19-03-2013.- El Pleno Camaral conoció de la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política, en materia de telecomunicaciones.

Su propósito es fortalecer los derechos de libertad de expresión e información; establecer el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación, así como de servicios de radiodifusión, telecomunicaciones y banda ancha.

Plantea asegurar una competencia efectiva en televisión abierta y restringida, radio, telefonía fija y móvil, servicios de datos y telecomunicaciones.

Genera condiciones para incrementar sustantivamente la infraestructura y hacer más eficiente su uso, disminuyendo los precios y aumentando la calidad de los servicios, y abre hasta en 100 por ciento del mercado de las telecomunicaciones a la inversión extranjera y en un 49 por ciento en materia de radiodifusión.

Se crean la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órganos constitucionales autónomos que promuevan la competencia y generen las condiciones que permitan hacer efectivos los contenidos de la reforma.

De igual modo, se conocieron cuatro dictámenes para trámite de publicidad, relativos a la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional; procedimiento de declaratorias de los monumentos; patrimonio cultural subacuático, y combate de la obesidad mediante la promoción de una alimentación adecuada.

Turnan a Comisión la minuta sobre Estrategia Nacional de Energía

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Energía para dictamen, y a las de Cambio Climático y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión, la minuta que ratifica la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 propuesta por el Ejecutivo Federal, y cuyo propósito es atender la demanda creciente de energéticos de forma eficiente, segura y sustentable.

Su objetivo es la inclusión social de la población a los beneficios que derivan del uso de la energía, la sustentabilidad a largo plazo del sector, y la mitigación de los impactos negativos que la producción y el consumo de energéticos puedan tener sobre la salud y el medio ambiente, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero.

También establece una política energética que pretende proveer energía a precios accesibles y que coincidan con el crecimiento económico y la sostenibilidad.

Además, pone en marcha políticas que impulsan el uso de energías renovables, así como la generación y el consumo eficiente de la energía, y aumentar la eficiencia energética en las empresas petrolera y eléctrica, entre otras.

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