19-03-2013.- La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a condenar en representación del gobierno mexicano, la falta de un debido proceso y las excesivas penas impuestas a los 24 presos civiles saharauis, juzgados en un tribunal militar marroquí, el pasado 17 de febrero.

Al fundamentar el punto de acuerdo considerado de urgente resolución, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) recordó que el 9 de octubre de 2010 en Gdeim Izik, al este de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental se organizó por parte de la población civil saharaui, un campamento pacífico, en protesta por la violación a sus derechos civiles y económicos en la zona ocupada.

Detalló que las demandas resaltaban el derecho a la expoliación de los recursos naturales del Sahara Occidental, por la población saharaui, pero en la madrugada del 8 de noviembre, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento y detuvieron a 24 activistas entre los 21 y 35 años de edad.

En la madrugada del 17 de febrero de 2013, a dos años y tres meses del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, indicó que 24 activistas saharauis han sido juzgados por un tribunal militar en Rabat, en donde las condenas han resultado excesivamente severas: 9 de ellos fueron sentenciados a cadena perpetua, 4 a 30 años, 3 a 20 años, 7 a 25 años de cárcel y 2 han sido puestos en libertad por considerarse que ya han cumplido su pena.

Aguilar Gil resaltó que pese a los insistentes llamamientos de organismos, colectivos y representantes populares alrededor del mundo, defensores de los derechos humanos, las autoridades marroquíes hicieron caso omiso y llevaron a cabo un juicio fuera de la legalidad internacional por varios motivos.

Del grupo parlamentario del PRI, la diputada Angelina Carreño Mijares señaló que es de suma importancia que se alcance una solución justa y duradera a dicho caso, de conformidad con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como la misión designada para el mismo.

El diputado José Antonio León Mendívil (PRD) resaltó que durante más de 30 años el pueblo saharaui ha desarrollado una lucha heroica por defender su soberanía y su territorio, mientras que el Reino de Marruecos, reiteradamente se ha negado a reconocer la independencia del pueblo saharaui y sólo ha aceptado otorgarle una limitada autonomía territorial.

Por el PVEM, el legislador Carlos Octavio Castellanos Mijares se manifestó por el irrestricto respeto a los derechos humanos y al debido proceso. “Siempre velaremos porque la legalidad se cumpla, no sólo dentro de nuestro territorio, sino dentro de todas las sociedades civilizadas. Condenamos la falta de la aplicación del debido proceso y el no respeto a los derechos humanos”.

El diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano) argumentó que se trata de un caso muy sensible y preocupante porque guarda relación estrecha con la flagrante violación de los derechos humanos de que son objeto “nuestros connacionales –por ejemplo– sentenciados a muerte en los estados del vecino país del norte”.

La diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT) expresó que los mexicanos por tradición y en razón de los principios de política exterior “estamos en la obligación moral y política de reaccionar ante la violación de los derechos fundamentales, la legalidad internacional y el derecho de acceso de justicia en contra de estos saharauis”.

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