20-03-2013.- La Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de Guerrero, Michoacán y Morelos, redoblen sus esfuerzos para implementar acciones urgentes y contundentes tendientes a persuadir y disuadir a los grupos de autodefensa civil.

Al fundamentar el punto de acuerdo considerado de urgente resolución, la diputada Sonia Rincón Chanona (Nueva Alianza) expresó que la creación de grupos de autodefensa civil es uno de los problemas más preocupantes en materia de seguridad pública y mantenimiento del Estado de Derecho.

Indicó que durante los últimos meses han proliferado organizaciones que bajo el argumento de la ausencia o la incapacidad de las policías municipales, estatales y federales, han tomado en sus manos la acción de la justicia y el control armado de las comunidades.

Actualmente, dijo, existen 36 grupos de autodefensa en ocho estados del país, “lo que representa un grave indicio de debilidad del Estado en zonas rurales donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras”.

La aparición de organizaciones armadas que asumen la defensa de las comunidades y aplican normas propias de impartición de justicia, afirmó, obliga a poner atención a un fenómeno que puede agravar la situación de violencia imperante en muchos municipios.

Rincón Chanona resaltó que los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía. “Convocamos a las autoridades a que redoblen esfuerzos y acciones que propicien condiciones de seguridad pública, y con ello abatir la impunidad”.

Es necesario, precisó, que la Secretaría de Gobernación haga pública la estrategia que seguirán las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso expedito a la justicia y la aplicación de políticas para restaurar el tejido social y prevenir el delito.

El diputado Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) señaló que el surgimiento de grupos civiles armados o de autodefensa refleja un problema muy serio en las zonas del país particularmente afectadas por la violencia. “Los grupos de autodefensa deben desaparecer porque en nuestro país no existe esa figura”.

Manifestó que este tipo de grupos representan riesgo para la paz social, “pues contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos porque no están exentos de ser utilizados por grupos criminales para romper el orden y realizar sus actividades ilícitas con una cobertura de supuesto apoyo popular”.

De Acción Nacional, la diputada Consuelo Argüelles Loya resaltó que si bien se comparte la preocupación de los ciudadanos por el clima de inseguridad y el aumento de la incidencia delictiva, “diferimos con la posibilidad de aceptar estos tipos de grupos de autodefensa”.

Abundó que permitir que se ejerza la función de seguridad pública a quien no se le ha conferido por la Constitución y el orden jurídico vigente, va en detrimento del Estado de derecho y fomenta la alteración de la paz y el orden público. “Exigimos se garantice la seguridad de las comunidades que hoy se ven en la necesidad de autoprotegerse”.

El diputado Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez (PRD) manifestó que la existencia de los grupos de autodefensa pone al descubierto la incapacidad el Estado para garantizar seguridad pública.

“Sí es un problema porque su existencia refleja la expresión de marginación y pobreza en la que se encuentran los pueblos; nos están diciendo cómo son violadas sexualmente sus mujeres, sus hijas, son asesinados los esposos y los hijos de las mujeres del campo”, agregó.

A su vez, el diputado Felipe Arturo Camarena García (PVEM) resaltó que se debe ser cauto en esta materia, y preguntarse de dónde se nutren de armas los llamados grupos de autodefensa, ya que es probable que algunas de estas células solamente busquen aprovecharse para imponer su voluntad y obtener beneficios mezquinos y particulares e, incluso, generar inestabilidad.

La opción para buscar la solución a los problemas de seguridad, afirmó, es colaborar con las autoridades institucionales; coadyuvar, cuando así se requiera, denunciar los ilícitos y respetar el cauce de las investigaciones llevadas a cabo por los ministerios públicos y, desde luego, en la aplicación de la justicia.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Monreal Ávila mencionó que éste es un tema muy delicado, pues los grupos de autodefensa “están siendo malentendidos. Hoy se intenta culparlos de inseguridad y de violación a la ley”.

Mencionó que los grupos de autodefensa están aceptados por el 57 por ciento de los ciudadanos y sólo el 22 lo rechaza. “Los grupos de autodefensa comunitarios pueden ser perfectamente legales y legalizables si actúan como coadyuvantes o auxiliares de la autoridad constitucional en el mantenimiento del orden y la seguridad pública”.

El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT) expresó que el exhorto debe dirigirse a las autoridades federales, estatales y municipales para que atiendan la inseguridad y sancionar a los delincuentes.

Dijo que en atención a la dignidad de las personas que desesperadas buscan la protección de sus familias, esposas e hijas, el exhorto debe dirigirse a las autoridades responsables de la seguridad pública. “No hay que criminalizar la esperanza de los grupos de autodefensa del país”.

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