21-03-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad –con 434 votos-, reformas al artículo 112 de la Ley de Migración, para que cuando el Instituto Nacional de Migración (INM) atienda a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, dé aviso, de manera obligatoria, al consulado de su país, brindándoles atención y estancia en lo que se resuelve su situación.

En tribuna, la diputada Amalia García Medina (PRD) explicó que con la modificación se establece que sean los sistemas Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional y estatales los que atiendan y den cobijo, a niñas, niños y adolescentes, “porque una estación migratoria no es lugar para ellos”.

La legisladora precisó que el INM debe hacerse cargo de su seguridad y de inmediato informar a los consulados de donde son originarios; “además, tendrá la obligación de canalizarlos a una institución, a un espacio, a un albergue que esté a cargo del DIF estatal”.

García Medina argumentó que dar aviso a las comisiones estatales y la nacional de Derechos Humanos y a los consulados no es suficiente. “Este dictamen también tiene la intención de velar por la seguridad del niño, niña y adolescente, de tal manera que la solución no es únicamente atenderlo, sino que la reintegración al lugar de origen tiene que ser cuidando su integridad”, acotó.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Petra Barrera Barrera (PRI) afirmó que salvaguardar el interés superior de los menores, sean nacionales o extranjeros, “resulta una obligación ineludible para esta soberanía; por ello, consideramos que el impacto de este fenómeno social debe abordarse desde una nueva perspectiva que considere la tutela de sus derechos y la equidad de género”.

El legislador Raúl Gómez Ramírez (PAN) recordó que este dictamen tiene como propósito dar aviso inmediatamente al consulado respectivo, al igual que a la CNDH, cuando las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados sean alojados en una estación migratoria. “Es deber del Estado dar protección a los menores e impulsar política públicas que garanticen a la niñez el cuidado que necesitan”.

El diputado Eduardo Ramírez Aguilar (PVEM) lamentó que en México se siga criminalizando la migración. “El problema es que nuestro país obliga a garantizar la protección de los derechos humanos de este sector, pero la realidad es que en las estaciones migratorias no se preserva este derecho, por eso es positivo que los atienda el DIF, para que les proporcione los espacios adecuados”.

La legisladora Lorena Méndez Denis (Movimiento Ciudadano) comentó que 20 mil migrantes son secuestrados cada año en nuestro país, para pedir rescate a sus familias; esta situación demuestra que las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados viven un estado de vulnerabilidad en grado superlativo; “por eso, se requiere de proteger su integridad, en lo que se resuelve su situación jurídica”.

En tanto, Loretta Ortiz Ahlf (PT) dijo que las estaciones migratorias no reúnen las condiciones mínimas para que se pueda garantizar el derecho a la salud y a una estancia digna; por esa razón, no es conveniente que permanezcan ahí los menores.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez (NA) externó que con las modificaciones el marco jurídico se responderá de manera positiva a la realidad de los 40 mil menores migrantes que fueron deportados por autoridades de Estados Unidos a México, “de los cuales 18 mil viajaron solos en el año 2011”.

Se devolvió al Senado de la República, para efectos de la fracción E, del artículo 72 de la Constitución.

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