21-03-2013.- La Comisión de Equidad y Género, que preside la diputada Martha Lucía Mícher Camarena, aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los Ejecutivos Federal y estatales, a establecer, de manera corresponsable, Centros de Justicia para Mujeres, así como reforzarlos en aquellas entidades donde ya existan.

El documento señala que a pesar de que el acceso a la justicia es un derecho y el Estado tiene la obligación y responsabilidad de brindarlo, la violencia contra las mujeres prevalece y se manifiesta en distintas formas.

Refiere que según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), una de cada cuatro mujeres fue víctima de algún tipo de violencia. Además, el 87 por ciento de las encuestadas reportó haber sido violentada de manera emocional.

Agrega que la encuesta hace referencia a otro tipo de violencia como la económica (48 por ciento de las encuestas); física (15 por ciento), y sexual (9 por ciento). Hubo una minoría (1.5 por ciento) que no describió el tipo de violencia a la que fue sometida.

Por ello, resalta la importancia de que todos los gobiernos estatales del país garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a sus hijas e hijos, a través de acciones como la instauración de los Centros de Justicia para las Mujeres.

Añade que estos centros deben contener mecanismos y recursos integrales legales, psicológicos y de apoyo en todo el proceso, a fin de que se respete cada uno de sus derechos, su integridad física y dignidad.

El dictamen refiere que de acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, actualmente operan estos centros en Campeche, Ciudad Juárez y Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, se encuentran en etapa de habilitación o construcción en el Estado de México, Puebla, Oaxaca y Distrito Federal.

Menciona que los primeros Centros de Justicia para las Mujeres nacieron en el país para brindar atención oportuna concentrada en una sola sede, lo que supone ahorro de tiempo, desplazamientos, trámites a las víctimas y ventajas en el sentido de evitar intervenciones inútiles, repetidas e innecesarias por el sistema, a fin de favorecer el respeto, goce y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Subraya que en ocasiones los servidores públicos generan una doble o triple victimización al no cumplir con su obligación de respetar la dignidad de las víctimas, investigar los delitos con diligencia y sin omitir pruebas en la integración de expedientes, acciones que redundan en la impunidad y constituyen actos de violencia institucional establecidos en la ley.

En reunión de trabajo, la Comisión también aprobó un dictamen para emitir su opinión favorable respecto la iniciativa que reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, la cual busca igualdad laboral para las trabajadoras.

Sin embargo, esta Comisión solicitó, a través de su opinión, que las comisiones dictaminadoras tengan a bien analizar puntualmente las reformas planteadas y contrastarlas con la Ley Federal del Trabajo vigente.

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