23-03-2013 Con el fin de evitar el desvío de recursos públicos a las campañas de candidatos a diputados locales y presidentes municipales, además de salvaguardar la legalidad democrática, la diputada Mariana Dunyaska García Rojas (PAN) propuso crear una Comisión Especial de Seguimiento a los procesos electorales que se llevarán a cabo este año en 14 estados de la República.

En entrevista, la legisladora indicó que para nadie es desconocido que en los últimos procesos se ha presentado un sinfín de denuncias en torno a irregularidades, motivo por el cual se propuso ante el Pleno de la Cámara de Diputados crear dicha Comisión Especial.

Explicó que el reparto de despensas, dinero en efectivo, bonos o monederos electrónicos, e incluso la utilización de instalaciones y personal adscrito a dependencias oficiales en favor de un determinado partido político y sus candidatos, han sido las constantes.

García Rojas afirmó que cuando el voto se vulnera a través de la manipulación e inducción mediante dádivas, se pone en evidencia el abuso del poder y se atenta contra la democracia y el Estado de derecho.

En este sentido, abundó, es necesario aprobar y conformar esta Comisión Especial, la cual tendría por encargo, vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales para evitar su desvío con fines electorales.

“Los diputados tenemos el mandato de vigilar y dar certeza al electorado; de hacer valer la democracia y de coadyuvar con los órganos encargados de garantizar la libertad de elección, la equidad, la transparencia y la imparcialidad en los procesos electorales, que se llevarán a cabo en 14 estados de la República”.

Añadió que en los regímenes democráticos, las elecciones cumplen la función de promover una sucesión del poder de forma pacífica y ordenada. Sin embargo, advirtió, si estas se vulneran, lo que se pone en riesgo es la estabilidad política y la paz social.

Refirió que de acuerdo con expertos, las condiciones mínimas para acceder a elecciones democráticas son, entre otras: un padrón confiable; credencialización actualizada; autoridades electorales imparciales y vigilancia de los procesos.

“No obstante, un ingrediente más para lograr la confianza de la población es la fiscalización y vigilancia de los recursos públicos, ya que en gran medida es a través de éstos cuando se produce el mayor número de delitos electorales”, opinó.

Es por eso, abundó, que se requiere fortalecer la vigilancia y fiscalización de los recursos públicos en los estados donde se efectuarán procesos electorales, durante 2013.

Concluyó que el próximo 7 de julio habrá elecciones en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
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