12-05-2013 La Comisión de Derechos de la Niñez, que preside la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, analiza un punto de acuerdo para que se cree un programa a nivel nacional para atender a menores víctimas de la delincuencia organizada.

La promotora del punto de acuerdo, diputada María del Rocío García Olmedo (PRI), refirió que los menores han enfrentado en los últimos años un riesgo creciente en distintas zonas del país donde se libra una lucha contra el crimen organizado.

Ello ha llevado a organizaciones nacionales e internacionales a manifestar su preocupación y pedir al Estado mexicano proteger a niños y adolescentes, precisó la legisladora federal.

Mencionó que en México no existen protocolos integrales para la seguridad de la niñez en el contexto de las acciones violentas contra el narcotráfico, por lo que es importante exhortar al Ejecutivo federal a crear un programa nacional de atención a menores víctimas de la violencia delincuencial que considere la Convención sobre los Derechos del Niño, los Convenios de Ginebra y las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Asimismo, que los estados de la República Mexicana, a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estatales, impulsen acciones de política pública para la instrumentación de dicho programa.

La diputada García Olmedo consideró que también es necesario prohibir explícitamente el reclutamiento forzado de niños y niñas menores de 18 años por parte de grupos armados, así como incluir el papel de la sociedad civil y organizada en esta tarea.

Precisó que el objetivo es que este programa instituya los servicios que requieran los menores de edad que sean víctimas de hechos delictivos, a fin de que reciban de forma inmediata atención médica, psicológica, jurídica y orientación especializada, así como un lugar seguro donde vivir y desarrollarse en plena tranquilidad con un trato digno.

Asimismo, lograr que se protejan sus derechos e integridad cuando se vean involucrados en una situación de violencia como víctimas o victimarios.

Refirió que de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), coalición de organizaciones civiles, entre diciembre de 2006 y finales de 2011 murieron alrededor de mil 500 niños por hechos violentos derivados de la lucha contra el narcotráfico.

Añadió que durante 2011 se contabilizaron 418 muertes de niños, un 40 por ciento más que en 2010 durante el cual se registraron 174.

El impacto de la violencia tiene muchas expresiones: víctimas fatales, heridos, niños temerosos y aquellos que han sido utilizados y explotados por el crimen organizado, dijo.
La legisladora consideró que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos en cualquier escenario, y el Estado mexicano no sólo tiene la obligación constitucional de garantizar este derecho, sino que cuenta con la capacidad institucional para hacerlo.

Por ello, dijo, es necesario elaborar e instrumentar un programa especial que proporcione ayuda a los menores no sólo en los casos de trauma psicológico, sino que les ayude a lidiar con la violencia cotidiana.

Explicó que con el programa, tanto el Poder Legislativo como el Judicial y las instituciones competentes del Poder Ejecutivo, establecerán esa “cadena de protección integral para niños, niñas y adolescentes en escenarios de delincuencia organizada”.
“No debemos mostrarnos indiferentes al sufrimiento de los cientos o miles de niñas y niños que han presenciado la muerte violenta de sus padres y que hoy viven en la orfandad y expuestos a distintos riesgos”, concluyó.
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