• Con este dictamen se establecen dos derechos sociales: diputado Julio César Moreno

• Estados y DF mantendrán sus programas, apoyos y pensiones alimentarias para adultos mayores

24-10-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen a la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política, en materia de seguridad social universal, y lo remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Conforme al documento avalado en lo general, con la mayoría calificada de 417 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, se establece que el Estado garantizará los derechos de los adultos mayores, velará para que reciban servicios de salud y promoverá su integración social y participación en las actividades económicas y culturales de su comunidad.

Además, se faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de adultos mayores, a fin de establecer el derecho de una pensión para apoyarlos en sus gastos básicos de manutención durante la vejez, en los términos que las leyes determinen.

La reforma al artículo 123 constitucional permitirá incluir en la Ley del Seguro Social los seguros de cesantía en edad avanzada y de desempleo, y que sean administrados y ejecutados por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En lo particular, con 349 votos a favor, 36 en contra y 3 abstenciones, se aprobó la reserva del diputado José Luis Muñoz Soria (PRD), para modificar el artículo Segundo Transitorio, párrafo segundo, para que a partir del 2014, los adultos que ya tienen más de 65 años puedan recibir la pensión y no sólo los que en ese año cumplan esa edad.

Con esa misma votación, quedó en términos del dictamen las reservas a los artículos 4, 73 y 123 de la Carta Magna, así como el artículo Tercero Transitorio, impulsadas por diputados del PRD, Movimiento Ciudadano, PAN y PT.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Julio César Moreno Rivera (PRD) expresó que la reforma establece dos derechos sociales: el de los adultos mayores a una pensión universal para cubrir sus gastos básicos de manutención durante su vejez y, el de los trabajadores al seguro de desempleo, a fin de satisfacer sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral.

Mencionó que en la elaboración de este dictamen, se tomó como eje rector lo expresado en la iniciativa del Ejecutivo federal, así como diversas propuestas presentadas ante el pleno de esta Cámara por los grupos parlamentarios del PRI, PRD y del Congreso de Puebla.

Los adultos mayores, argumentó, son ejemplo de lucha, sabiduría y experiencia. “No permitamos que esta etapa la vivan en soledad, discriminación, marginación laboral, familiar, política y comunitaria, así como maltrato físico y emocional que en ocasiones padecen”.

Moreno Rivera subrayó que con esta protección social se contribuirá a mejorar los niveles de bienestar, ya que ello implica crear oportunidades y proporcionar los medios para lograr que estén por encima de los umbrales mínimos de calidad de vida, pues este segmento constituye el 9 por ciento de la población nacional.

Además, continuó, se consideró necesario que el Instituto Mexicano del Seguro Social, administre y ejecute un seguro de desempleo, mismo que se eleva como un derecho social a rango constitucional y no solamente como un instrumento o programa destinado a reducir los efectos del desempleo como actualmente sucede.

Detalló que en los artículos transitorios que el Ejecutivo federal propuso en su iniciativa, se suprimió el tercer párrafo del artículo segundo transitorio para no condicionar los derechos y garantías constitucionales que ahora se reconocen a una suficiencia presupuestal.

También, se consideró pertinente la modificación del artículo tercero transitorio para que los estados y el Distrito Federal mantengan sus programas, apoyos y pensiones alimentarias para adultos mayores, aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma, para que sigan operándolos en los mismos términos en que fueron establecidos.

En los posicionamientos, el diputado Luis Antonio González Roldán (Nueva Alianza) resaltó que en el país, un número importante de adultos mayores no cuenta con ingreso económico que le permitan desarrollarse plenamente, aun cuando instrumentos jurídicos y recomendaciones internacionales refieren que deben de otorgarse ayudas pensionarias a esta población.

“La reforma es trascendental por el beneficio para dos sectores de la población más vulnerable, permitiendo a adultos mayores y a trabajadores privados de su fuente de trabajo, contar con la protección legal con rango constitucional y hacer frente a las situaciones de gravedad que pueden enfrentar”, añadió.

Por el PT, el diputado Ricardo Cantú Garza se pronunció a favor del establecimiento de un seguro de desempleo solidario y subsidiario, que se constituya a partir de las aportaciones del trabajador, de los patrones y del Estado. “Cualquier otro esquema, a la larga sólo propiciará que el trabajador consuma su ahorro y que al término de su vida laboral útil sea una carga para sus familias”.

Manifestó que para nadie pasa desapercibido que los adultos mayores son víctimas de una terrible discriminación y que en las instituciones médicas y de carácter público tienen que hacer largas filas para que se les atienda y no siempre adecuadamente, por lo que nadie pude oponerse a que el Estado les garantice su derechos a recibir servicios de salud y promover su integración social y participación en las actividades económicas y culturales.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja (Movimiento Ciudadano) argumentó que no se puede avalar esta simulación. “Quien quiere ayudar a los adultos mayores lo puede hacer, como lo ha hecho el Gobierno del Distrito Federal desde el 2000 y otros gobiernos progresistas, ya que son de carácter universal. Por esa razón nos parece que todo el garantismo y toda la espectacularidad que se le quiso dar a esta reforma, queda acotado a una reforma muy menor”.

Consideró que se trata de un asunto de propaganda y de querer lavar la cara a los nuevos tributos y a la reforma hacendaria, pero no es una reforma social de fondo ni es un seguro de desempleo para todos los que caigan en esta situación. “Vamos a a pedir e insistir en que se regrese a comisión, y si subsiste en sus términos, no lo vamos a acompañar, vamos a estar en contra porque es una simulación”.

A su vez, la diputada Ruth Zavaleta Salgado (PVEM) indicó que esta reforma busca garantizar la pensión universal de las personas de 65 años y más, así como el seguro de desempleo. “Ésta es una reforma fundamentalmente importante para demostrar que un Estado democrático tiene que pugnar por un Estado de derecho que garantice la igualdad y la equidad social”.

Puntualizó que su grupo parlamentario apoyará las reformas que tengan que ver con la política social y así cambiarle la vida a los mexicanos. “Vamos a estar vigilantes para que los recursos que estamos generando aquí verdaderamente se empleen para lo que estamos reformando en la Constitución, que es la justicia y la igualdad social”.

La diputada Julisa Mejía Guardado (PRD) expresó que según, datos del Censo de Población 2010, existen más de 10 millones de personas de 60 años o más. También se estima que para 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años, y para 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es importante promover una cultura del envejecimiento digno y de calidad de vida en el país.

Detalló que el derecho de las personas que hayan perdido su trabajo a contar con un seguro de desempleo, les permitirá cubrir sus necesidades en tanto logran reincorporarse al mercado laboral. “Es una modificación de carácter trascendente, ya que es un reclamo social”.

El diputado Marcos Aguilar Vega (PAN) dijo que con esta reforma queda plenamente establecido desde la Constitución, el derecho humano a una pensión universal, ya que los adultos mayores en México tienden a ser discriminados y marginados, delimitando sus derechos y evitando que estos cumplan con su objetivo de vida de manera digna.

Mencionó que este seguro responde a un derecho a cobrar una cantidad determinada, cuando se da la circunstancia de desempleo, dependiendo de las cotizaciones hechas y del tiempo trabajado. “Hasta ahí, el PAN respalda el dictamen, sin embargo, defenderá los ahorros, las cuentas obrero-patronales de todos los trabajadores. No apoyaremos por ningún motivo que sean ellos los que subsidien este nuevo derecho”.

Del PRI, la diputada Paulina Alejandra del Moral Vela respaldó la propuesta de elevar a rango constitucional la pensión universal para adultos mayores a 65 años y el seguro de desempleo e indicó que, por primera vez, las garantías contenidas en esta reforma estarán respaldadas para el 2014 con un presupuesto que hará realidad en los hechos, los derechos que se tutelan.

Añadió que México dejará de ser el único país de la OCDE que no cuenta con un seguro de desempleo. Llamó a sus homólogos a “votar a favor de estas reformas, a no regatear estos apoyos y a no buscar argumentos sofisticados para rechazar beneficios directos para los mexicanos en condición de vejez y de desempleo”.

En pro del dictamen, los diputados Agustín Miguel Alonso Raya (PRD), Héctor García García (PRI) y Javier Salinas Narváez (PRD) destacaron que esta reforma constitucional crea dos nuevos derechos: el seguro de desempleo y el de una pensión a los adultos mayores, y representa un gran avance hacia un México más justo y eleva a rango constitucional la seguridad social.

Al hablar en contra, los legisladores de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidobro González y Ricardo Mejía Berdeja, así como Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara (PT), argumentaron que la implementación del seguro de desempleo se traducirá en la existencia fáctica de este beneficio y la reforma, en materia de pensión, no atiende a la oferta de retribución universal.

Previamente, se rechazó la moción suspensiva que presentó la diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano), para que el dictamen sea devuelto a la Comisión de Puntos Constitucionales, ya que con esta reforma, dijo, se despojaría a miles de trabajadores de este beneficio por el sólo hecho de prestar sus servicios al Estado y eliminar el contenido mínimo de los derechos de los adultos mayores.

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