• La coordinación recaerá en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
• En una década, sequías, inundaciones y ciclones provocaron 5 mil muertos y pérdidas por 250 mil mdp

29-10-2013 El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular, con 436 votos a favor, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 32 bis, para armonizar las políticas públicas que mitiguen los efectos climáticos y preserven el medio ambiente en el marco de la Ley General de Cambio Climático.

De esta manera, se faculta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para coordinar los planes encaminados a prevenir y combatir el impacto climático en la población, cuyos efectos, traducidos en devastadoras inundaciones y sequías prolongadas, cobraron en la última década la vida de 5 mil mexicanos y daños por 250 mil millones de pesos.

La reforma al artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales, mandata la coordinación con las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público, y de Relaciones Exteriores para combatir el cambio climático.

A nombre del grupo parlamentario del PVEM, el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares afirmó que la coordinación gubernamental dará “un rumbo fijo y claro a las políticas públicas que redunden en beneficio de la sociedad; que si bien no se eviten daños, se mitiguen”, y hará que México sea un ejemplo en el combate al cambio climático que flagela a la humanidad.

El diputado de Nueva Alianza, Luis Antonio González Roldán, destacó que esta reforma consolidará la capacidad del gobierno de la República y fortalecerá la vinculación con los gobiernos estatales y municipales para actuar de manera coordinada, a fin de instrumentar las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones que señala la Ley General de Cambio Climático.

Apuntó que “los mecanismos de acción frente al cambio climático deben visualizarse como los engranajes de un reloj que giran a diferentes velocidades, por lo que se ha reconocido el marco legal en materia ambiental para que las políticas públicas destinadas a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático sean coordinadas en forma eficaz”.

Al fijar la postura a favor de Movimiento Ciudadano, la diputada Merilyn Gómez Pozos urgió a lograr un desarrollo industrial y social más armónico con el medio ambiente, así como aumentar la capacidad de prevención ante desastres naturales.

Refirió que México ocupa el segundo lugar en América Latina en destrucción forestal, ya que se han talado 6.3 millones de hectáreas de bosques, de acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“Las sequías, inundaciones y ciclones entre 2000 y 2010 dejaron 5 mil muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos”, dijo.

La legisladora de MC sostuvo que “armonizar las leyes para realizar los cambios necesarios y se aplicar la Ley General de Cambio Climático, obligará al gobierno a no permitir la tala indiscriminada, la venta de playas para uso particular, la contaminación de residuos de fábricas y un sinnúmero de políticas que afectan el medio ambiente”.

El diputado Luis Manuel Arias Pallares, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, afirmó que aún cuando los especialistas opinan que las emisiones de gases efecto invernadero son irreversibles, “se mantiene la esperanza de que cada nación adopte medidas urgentes que sean un paliativo ante las consecuencias que podrían resultar catastróficas para el futuro de la humanidad”.

Apuntó que el sistema jurídico nacional cuenta con disposiciones legales especificas para el cuidado del medio ambiente, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual es reglamentaria de la Constitución, referente a la preservación y equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

El diputado José Alejandro Llanas Alba, por el grupo parlamentario del PAN, aseveró que éticamente es obligatoria la protección del medio ambiente para garantizar que las futuras generaciones tengan la misma oportunidad de disfrutar de una vida plena.

Refirió que el artículo 4 constitucional establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y el Estado debe garantizarlo.

A nombre de la fracción del PRI, el diputado Jorge del Ángel Acosta indicó que el cambio climático y sus consecuencias como los diversos desastres naturales que azotan al país cada año, ocupan un lugar importante de la agenda nacional.

Cuidar y proteger el ecosistema es “sin lugar a dudas uno de los más grandes retos a los que se ha enfrentado nuestra especie, ya que de su resolución depende nuestra viabilidad”, alertó.

Apuntó que la armonización de las acciones se vuelve necesaria, toda vez que alinea la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Cambio Climático promulgada el 6 de junio de 2012, con los tratados internacionales que México ha suscrito.

“La necesidad de resolver los problemas derivados del cambio climático obligan a la acción conjunta del aparato gubernamental federal”, concluyó.
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