29-10-2013 El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 442 votos la minuta que adiciona un artículo 97 Bis reformas al Código Penal Federal para establecer que por sí o a petición del pleno de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, y de manera excepcional, el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá conceder el indulto por cualquier delito del orden federal o común en el Distrito Federal.

Esto, mediante previo dictamen del órgano ejecutor de la sanción en el que se demuestre que la persona sentenciada no representa un peligro para la tranquilidad y seguridad pública, expresando sus razones y fundamentos, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos de la persona sentenciada.

Además, señala que el Ejecutivo Federal deberá cerciorarse de que la persona sentenciada haya agotado previamente todos los recursos legales nacionales.

En su fundamentación, el documento turnado por el Senado y aprobado por la Comisión de Justicia, señala que la reforma permitirá dar cabal cumplimiento a los derechos humanos contenidos en diversos instrumentos internacionales suscritos por el estado mexicano, así como lo establecido en el artículo 1 de nuestra Carta Magna y que en ningún momento vulnera el principio de división de poderes.

Menciona que el caso del maestro tzotzil Alberto Pathistán –condenado a 60 años de prisión en un proceso irregular- no es único, pues se pueden citar el de las mujeres otomíes Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, en el estado de Querétaro; y el de Francisco Sántiz, en el estado de Chiapas.

Crea las condiciones necesarias para que las personas que se encuentren en supuestos similares como los ya mencionados puedan alcanzar su libertad, cuando existan indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos, siempre y cuando se hayan agotado previamente todos los recursos legales nacionales, destaca el documento.

En la manifestación de los posicionamientos, la diputada Zuleyma Huidobro González (Movimiento Ciudadano) advirtió que la justicia en nuestro país “adolece de asimetrías económicas”, ya que “se vende y compra al mejor postor”; la mayoría de los reclusos en las cárceles, aseguró, pertenece a los estratos de más bajos recursos en el México.

Esta nueva variante de justicia aprobada en la Cámara de Diputados, consideró, nace de la “imperante necesidad de mecanismos que permitan cumplir con la garantía y protección a los derechos constitucionalmente reconocidos a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones”.

Por su parte, Mario Francisco Guillén Guillén (PVEM) subrayó que su fracción parlamentaria está consciente de que en la cámara baja se legisla para beneficiar a la generalidad; “las leyes aplican para todos, jamás vamos a legislar para un individuo en particular”, sostuvo.

Aunque reconoció el caso del chiapaneco Alberto Patishtan. “Nunca más una persona encarcelada injustamente o sin el debido proceso; nunca más un caso como el de Alberto Patishtan. Desde esta máxima tribuna elevamos nuestra voz para su liberación”, expresó.

En tanto, Carlos de Jesús Alejandro (PRD) refirió que en los últimos años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado más de 8 mil casos de presos indígenas, a los cuales se les ha violentado su derecho a un debido proceso, por ser monolingües y no contar con intérpretes en sus lenguas respectivas.

Subrayó que las condiciones de exclusión social hacia los pueblos originarios no han terminado, como en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde hay una gran diferenciación racial, y “donde la cárcel parece ser el refugio seguro para indígenas por delitos menores o por delitos que no cometieron”.

Con la votación a favor de este dictamen, dijo, se ayudará tanto a Patishtán como a los indígenas que han caído en injusticias similares.

En su turno en la tribuna, el panista Juan Jesús Aquino Calvo coincidió en que el dictamen resulta “pertinente en un momento en el que somos testigos de diversos casos en los que parece que la justicia no llega para todos”.

Agregó que la adición del 97 Bis al Código Penal Federal vendrá a reforzar los derechos de ciudadanos mexicanos, los cuales “son violados sistemáticamente, sin que haya una autoridad superior que pueda impartir justicia ante casos que no pudieran ser claros, ni contundentes, y que han sido, en muchos momentos, socialmente recriminados”.

En su intervención, Simón Valanci Buzali (PRI) detalló que, de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el 93 por ciento de los presos en México nunca vio una orden de aprehensión; el 50 por ciento no fue informado de los motivos de su detención, sino hasta llegar a la agencia del Ministerio Público, y el 10 por ciento incluso en el reclusorio.

El 72 por ciento –continuó-, no fue informado de su derecho a no declarar, y en 70 por ciento de los casos ni siquiera se les dijo que podían realizar una llamada telefónica. Asimismo, añadió, el raking del World Justice Proyect presentado en el mes de julio en La Haya, sitúa a México en el puesto 90, entre 97 países, en lo que respecta a la aplicación de la justicia penal.

Ante ello, su fracción parlamentaria “se pronuncia a favor del presente dictamen, aun cuando reconocemos que estaría pendiente de analizarse una adición posterior que permita a las víctimas ejercer su derecho de audiencia de forma previa al otorgamiento de esta causal de extinción de la acción penal”, concluyó.

Por su parte el diputado Ricardo Monreal Ávila (Movimiento Ciudadano) señaló que en el fondo de este tema se encuentra un “déficit de justicia, órganos de procuración y administración de justicia que se han ausentado de su función”; es un “caso paradigmático de irresponsabilidad jurídica” y de “perversión y desvío de los principios que sostienen la justicia”.

“Hoy estamos frente a ministerios públicos y jueces, magistrados que fueron incapaces de revertir una injusticia, confirmaron su miopía y su actitud parcial. Demostraron que la justicia no existe y que se encuentra al servicio del dinero, del poder, de los poderosos, del mejor postor”, sostuvo.

Al hablar a favor de la reforma, el diputado Alejandro Carbajal González (PRD) dijo que debe irse al fondo del tema de la impartición de justicia en el país, para que no sea sólo “para el que tenga más dinero o el más influyente”.

De igual forma, el diputado Tomás Torres Mercado (PVEM) se manifestó en pro del cambio, aunque, dijo, “si hay leyes malas el Congreso tiene la responsabilidad de modificarlas”.

Por último, el diputado Juan Luis Martínez Martínez (Movimiento Ciudadano) aseguró que hay jueces que actúan por consigna, emitiendo resoluciones, sin consideraciones constitucionales y alejadas del derecho, lo cual, aseveró, es una constante.

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