• Se eliminan limitantes y excluyentes de este concepto dentro de la ley

31-10-2013.- El Pleno camaral aprobó modificar el artículo 16 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de cambiar el término “discapacidad física” por “discapacidad”, respecto de los conceptos considerados discriminatorios a los que pueden ser sujetos y de la existencia de otros tipos de incapacidad.

Con la unanimidad de 419 votos a favor, los diputados acordaron ampliar la protección sobre la no discriminación a la población con distintas discapacidades, quitando las limitantes que fija la ley.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) explicó que se trata de una reforma que elimina las limitantes y excluyentes que fija la ley, ya que por la forma en la que está redactado el artículo referente a la discriminación sólo se circunscribe a personas con discapacidades físicas, dejando fuera la prevención de otros tipos de incapacidad.

Con su aprobación, argumentó, se amplían los distintos tipos de discapacidades que existen, como: la mental, intelectual, psicosocial y sensorial, entre otras. De este modo, se garantiza que la niñez y la adolescencia en condiciones diferentes puedan desarrollar al máximo sus capacidades y elevar su calidad de vida.

Recordó que en México hay alrededor de 520 mil niños de 0 a 14 años de edad con dificultades para la realización de tareas en la vida diaria. Ellos representan el 9.1 de la población con discapacidad y el 1.6 de la población total. Entre la población infantil con discapacidades, 43.3 por ciento tiene de 10 a 14 años y 4.4 por ciento de 5 a 9 años y el 16.3 de 0 a 4 años de edad.

En los posicionamientos, el diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) resaltó que la discapacidad física es solamente una de varias que puede padecer una niña o un niño. “Con esta reforma se incorpora al marco jurídico vigente una visión más amplia de la discapacidad, lo que obligará al gobierno a atender esta problemática”.

Por el PT, el diputado Alberto Anaya Gutiérrez argumentó que con esta reforma se busca proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sobre todo los que tienen discapacidad, ya sea intelectual, mental o psicosocial.

Gerardo Villanueva Albarrán (Movimiento Ciudadano) mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2005, el 90 por ciento de los consultados afirmó haber sido discriminado y el 52.1 por ciento consideró que sus derechos no han sido respetados, por lo que al modificar esta ley, se ayudará a que se protejan, respeten y garanticen los derechos humanos de la población infantil.

El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) puntualizó que al retirar la palabra “física” se abre las puertas para que “nosotros mismos no seamos los que discriminemos en lo que tiene que ver con alguna discapacidad que puede ser de carácter intelectual, sensorial o alguna otra; estamos tratando de acortar esa brecha”.

La diputada Verónica García Reyes (PRD) subrayó que en México no se puede negar que la discapacidad es un asunto de interés público, de derechos humanos y de desarrollo, ya que entre sus causas más importantes están la pobreza y la indefensión. “Debemos construir una nueva cultura de valoración, respeto, atención para las personas con discapacidad, donde se eliminen las prácticas y costumbres discriminatorias”.

De Acción Nacional, la diputada Martha Leticia Sosa Govea recordó que en México 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes tienen alguna discapacidad, por lo que es necesario establecer este término en un sentido más amplio, sin limitarlo a la física, ya que eso significará reconocer los diferentes tipos y el derecho a la no discriminación.

La diputada Paloma Villaseñor Vargas (PRI) indicó que quitar una palabra le abre a esta población un mundo de oportunidades. “De no atenderse a las personas con otro tipo de discapacidad, sobre todo la mental, desde la infancia y la adolescencia, el costo a la larga será mayor para el Estado”.

Aprobado en lo general y particular, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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