• Pleno aprueba modificaciones a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
• También es motivo de discriminación la edad, salud, embarazo, lengua, opiniones, antecedentes penales, condición jurídica, etcétera
• Es una práctica que afecta a la sociedad y lesiona a los individuos y grupos

31-10-2013.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 417 votos un dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de establecer condiciones de igualdad y fortalecer las facultades del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El dictamen, que se devolvió al Senado de la República, establece que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.

Lo anterior, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

Precisa que el Conapred, para el desarrollo de sus atribuciones, gozará de autonomía técnica y de gestión, y contará con los recursos suficientes que anualmente se le asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente Ley se formulen en el procedimiento de queja, no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia.

Al argumentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Miriam Cárdenas Cantú (PRI), dijo que las reformas amplían las atribuciones del Conapred, de manera que podrán imponerse medidas administrativas y de reparación, no sólo a servidores públicos, sino a particulares cuando cometan acciones u omisiones discriminatorias.

Señaló que los particulares estarán obligados a auxiliar al Conapred en el desempeño de sus funciones, proporcionándole los informes y documentos relacionados con el asunto del procedimiento de queja que le solicite; además, el consejo dispondrá de un catálogo más amplio de medidas administrativas y de reparación.

Cárdenas Cantú precisó que incluye medidas de reparación como la restitución del derecho conculcado, la compensación por el daño ocasionado, la amonestación pública, la disculpa pública o privada y la garantía de no repetición del acto o comisión o práctica discriminatoria.

Manifestó que modifica la definición de discriminación para incluir elementos contenidos en diversos tratados internacionales en la materia; de esa manera, dijo, la ley se armonizará con normas del derecho internacional de derechos humanos y adiciona un nuevo capítulo que incluye diversas medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, con el propósito de disminuir las desigualdades materiales en que viven a diario distintos grupos en situación de discriminación.

La diputada por Coahuila agregó que el dictamen pretende enmendar la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que entró en vigor desde 2003, la cual sólo ha sido reformada en cuatro ocasiones.

En su intervención, el diputado René Fujiwara Montelongo, de Nueva Alianza, expresó que el cambio propuesto es “de avanzada”, al contener aspectos relevantes en términos legales e institucionales, los cuales deberán reforzar la lucha contra la discriminación.

Dijo que los esfuerzos legislativos por contar con un marco jurídico consolidado en la materia y en el diseño de políticas públicas orientadas a prevenir y eliminar la discriminación, han sido insuficientes, y sostuvo que ninguna ley, por más eficaz que sea, o una institución como el Conapred, serán suficientes si como sociedad no entendemos que la discriminación daña a la personas y a su dignidad.

La diputada por el PT, Loretta Ortíz Ahlf detalló que a pesar de contar con un marco legal “rico” de la prohibición en la violación al derecho a la igualdad y no discriminación, se mantiene una sociedad donde permean conductas discriminatorias.

Enfatizó que el dictamen precisa el concepto de discriminación e incluye ejemplos de conductas discriminatorias; además, comprende en su procedimiento de las personas que se consideren afectadas, desde la queja hasta la resolución final, así como las medidas de reparación.

Por su parte, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, de Movimiento Ciudadano, precisó que el dictamen es producto del trabajo de la ciudadanía organizada, de la academia y de sectores que desde hace más de una década han impulsado una legislación más inclusiva, efectiva y mejor fundada.

“Las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación permitirán a nuestra legislación responder a la realidad del México actual y harán que ésta prevea la esencia protectora contenida en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos”, apuntó.

En tanto, el diputado Mario Francisco Guillén Guillén (PVEM) enfatizó que a pesar de que la creación del Conapred implicó avances en cuanto a la construcción de una cultura de inclusión social y de respeto al derecho de las personas a la igualdad, “lamentablemente las prácticas discriminatorias en México son todavía un fenómeno arraigado”.

Por este motivo, dijo, nos pronunciamos a favor del dictamen, el cual tiene como finalidad impulsar la consolidación de una cultura nacional de respeto mutuo que propicie una mayor comprensión entre los individuos y acabe de una vez con todas las formas de discriminación y marginación que aún subsisten en nuestra sociedad.

Por el PRD, el diputado Roberto López Suárez, expresó que el dictamen armoniza la definición de discriminación en los términos de los principales instrumentos internacionales y atiende el problema desde su raíz. “De esta manera, cumplimos como legisladores, con la obligación que tenemos en la Constitución en nuestro artículo 1, que nos obliga a promover y garantizar la protección más amplia para las personas de nuestro país”, acotó.

Por ello, “estamos de acuerdo, en el establecimiento del derecho de las personas, en que la compensación del daño ocasionado, la amonestación pública, la disculpa pública o privada y la garantía de la no repetición del acto discriminatorio, sean posibles mediante la intervención de la Conapred y una nueva cultura de convivencia de esta sociedad mexicana”, afirmó.

En su intervención, la diputada Guadalupe Mondragón González (PAN) resaltó que el dictamen obedece a dirigir en una mayor igualdad la acción gubernamental haciendo especial reconocimiento a la garantía para las personas sin distinción alguna.

Lo anterior, dijo, cuando la igualdad de derechos no ha sido una realidad y la discriminación es un fenómeno que se presenta a lo largo de nuestra historia, lo que afecta nuestra sociedad, lesiona a los individuos y grupos que padecen los efectos del abuso constante y de la discriminación sistemática y estructural en su contra.

La diputada del PRI, Irma Elizondo Ramírez, resaltó que a pesar de los avances jurídicos, aún existen insuficiencias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a todas las personas, muestra de ello son los datos que arrojó la Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2012, los cuales ilustran sobre la prevalencia de este fenómeno, al identificar 11 grupos en tal situación de desventaja.

Ante ello, dijo, el dictamen incluye conceptos y términos con el propósito de homologarlos y evitar confusiones en su aplicación, así como los supuestos de trato diferenciado, las medidas de nivelación, inclusión y las acciones afirmativas.

A favor del dictamen se pronunciaron los diputados Luisa María Alcalde Luján (MC) y Andrés Eloy Martínez Rojas, del PRD.

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