31-10-13.- Fueron presentadas cuatro iniciativas ante el Pleno de la Cámara de Diputados, entre las que se encuentra la propuesta del diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud con el objetivo de fijar las dosis máximas de posesión de sustancias narcóticas.

En la actualidad, el artículo 479 de Ley General de Salud estipula las dosis de narcóticos máximas de posesión para consumo personal e inmediato: opio, 2 gramos; heroína 50 miligramos; cannabis, 5 gramos; cocaína, 500 miligramos; LSD, 0.015 miligramos, y metanfetaminas, 40 miligramos.

A iniciativa de Belaunzarán Méndez, se propone establecer “que la dosis máxima de posesión para consumo personal no podrá exceder la cantidad que resulte de multiplicar por 10 las dosis previstas en este artículo”.

El diputado por el Distrito Federal precisa en su incitativa que elevar tales cantidades en un rango que represente el equivalente a lo requerido para el consumo de diez días, “tiene como fin emular el marco jurídico de Portugal, en dónde la política de drogas ha sido exitosa”.

Con esto – apunta el legislador-, se pretende evitar que los consumidores sean sujetos a proceso penal, pues “quienes forman parte de las redes de la delincuencia organizada gozan de impunidad y, en muchas ocasiones, incluso de la protección de autoridades de distintos niveles y rangos”.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud para ser dictaminada, considera necesario armonizar el marco jurídico de salud y eliminar los vacíos jurídicos “que sólo promueven confusión", pues las cantidades permitidas para su posesión y consumo de acuerdo a la tabla de dosis máximas previstas en la Ley General de Salud “son tan reducidas que queda abierta la posibilidad de que la autoridad local persiga a los consumidores en lugar de enfocarse en perseguir a quienes integran las redes que forman parte del narcomenudeo”.

Sobre transparencia de tecnologías en centros de investigación

Por su parte, el diputado Alejandro Rangel Segovia (PRI), dio a conocer una iniciativa de reforma al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, cuyo fin, es velar por los intereses de las universidades y centros de estudios en situaciones de transferencia de tecnología.

El diputado detalló que en México se da una forma de transferencia de tecnología de patentes y conocimiento a empresas nacionales o trasnacionales, mediante la licencia en la que se establece el pago de regalías a la universidad o centro dueño de una patente u otro derecho de propiedad intelectual.

Sin embargo, advirtió, este mecanismo no ha logrado el éxito esperado, debido a que generalmente los beneficios obtenidos han sido sólo para las grandes empresas, o bien, las investigaciones o desarrollos tecnológicos no han podido ser cabalmente aprovechados por la insuficiencia de recursos.

Independientemente de lo anterior, dijo, se puede concluir que la transferencia científica y tecnológica es para México una asignatura pendiente por dos razones fundamentales: porque los recursos asignados a la investigación científica son insuficientes, y porque el andamiaje legal en la materia presenta vacíos, lagunas e inconsistencias que impiden el impulso de estas actividades e inhiben la inversión.

Ante ello, propuso establecer que los órganos de gobierno de los centros de de investigación y tecnología, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
Tratándose de los conflictos de intereses, agrega, los investigadores no incurrirán en ello siempre y cuando cumplan, en apego absoluto, los términos y condiciones establecidas por sus respectivos órganos de gobierno, particularmente en relación con las actividades en que dicho personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros, el licenciamiento de patentes o la participación como socios en empresas.

Mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos

En tanto, Rubén Acosta Montoya (PVEM) presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Explicó que la idea es que sirva para inhibir la competencia o la prestación de servicios por parte de particulares, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa (Mipymes), que es la que en ocasiones se ha visto afectada, porque las dependencias se van por el lado de utilizar este artículo, en vez de contratar los servicios de forma directa a esas empresas.

A grandes rasgos, detalló, “de lo que se trata es de hacer una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, que tales sean menos cuestionables, y que al mismo tiempo sea más fácil ejercerlos bajo el espíritu que en su momento esa ley tuvo, que era que los servicios se brindaran de manera directa por la dependencia que era contratada”.

Reforma en materia de operaciones de crédito

Por último, el diputado Carlos Alberto García González (PAN) propuso enmiendas a diversos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para eliminar las disposiciones que señalan que cuando una persona expide un cheque y no se ha pagado, deberá entregar una indemnización no mayor al 20 por ciento del valor del mismo, conservando siempre el derecho del afectado a reclamar los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado a través de las instancias competentes.

Concluido el orden del día, se dio por terminada la sesión y se citó para la próxima que tendrá lugar el 5 de noviembre a las 11:00 horas.
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