03-09-2013.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 441 votos a favor, el proyecto de decreto que reforma la Ley de Migración, para que a las personas que ingresen a una estación migratoria y no sepan leer ni escribir, se les proporcione información verbal.

Asimismo, establece que el personal médico de las áreas de estancia para mujeres sea necesariamente del sexo femenino. El documento fue remitido al Senado de la República para continuar su trámite.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Amalia Dolores García Medina (PRD), dijo que en concordancia con el artículo 1 de la Constitución Política y los tratados internacionales signados por México, se debe garantizar de manera precisa y efectiva la protección a las y los migrantes que ingresan a nuestro territorio, sobre todo a quienes no saben leer ni escribir.

La autoridad migratoria mexicana, señaló, tiene la obligación de leer y dar a conocer verbalmente a todos sus derechos, de tal manera que esa vulnerabilidad no se profundice por desconocerlos.

En el caso de las mujeres migrantes, precisó la legisladora, lo que se plantea es que sea personal femenino quien las atienda, ya que, como lo señala el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, se tiene conocimiento de irregularidades.

Informó que debido a que algunos guardias de seguridad las vigilan y médicos las atienden, por ser hombres, se han suscitado acusaciones de acoso y abuso sexual.

Detalló que las migrantes tienen problemas médicos específicos que es posible que sólo quieran revelar a personal médico femenino, además de que la escasez del tratamiento disponible para las víctimas de la violencia sexual y de género constituye una deficiencia.

En la manifestación de posicionamientos, la diputada Aida Fabiola Valencia Ramírez, de Movimiento Ciudadano, afirmó que todo migrante está marcado por la discriminación, hecho que los hace vulnerables. En el caso de las mujeres, agregó, “enfrentan un sinnúmero de vicisitudes, como abuso y acoso sexual”.

Al respecto, Amnistía Internacional apunta que 6 de cada 10 migrantes centroamericanas que cruzan la frontera sur de México sufren de violación sexual, resaltó. “Esto forma parte de la descomposición social que vivimos, razón por la que surge la necesidad de garantizar a las mujeres el máximo respeto a sus derechos humanos durante su paso por nuestro país”, indica.

Por su parte, la legisladora Loretta Ortiz Ahlf (PT), acusó que los migrantes en México se encuentran en situación de alta vulnerabilidad, ya que sus derechos “son abusados por prácticamente todas las corporaciones policiacas y organizaciones delictivas, por lo que la responsabilidad de los legisladores es proveer un marco jurídico para salvaguardar su integridad”.

Recordó que no se ha hecho nada para mejorar el trato que reciben los indocumentados, lo que se refleja en crímenes como los perpetrados en San Fernando, Tamaulipas, hasta el recién accidente del tren conocido como “La Bestia”.

El diputado David Pérez Tejada Padilla (PVEM) refirió que un millón de mexicanos documentados e indocumentados que viven en Estados Unidos, viajan constantemente a México, por lo que es importante luchar para asegurarles su ingreso, sus derechos y obligaciones.

Agregó que el compromiso es con los derechos humanos y la igualdad de las personas, independientemente del lugar del que provengan, el color de piel, preferencias sexuales o el abolengo de las familias.

La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (PRD) subrayó que los migrantes son víctimas de una multiplicidad de delitos, no sólo por parte del crimen organizado, sino también por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), de policías de cualquier orden de gobierno e inclusive de miembros de las Fuerzas Armadas.

Agregó que, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, en 2010 había 213.9 millones de migrantes internacionales en el mundo, 51 por ciento hombres y 49 por ciento mujeres. Expertos señalan que el fenómeno se ha feminizado al marcar paridad en estas cifras, y cerca del 80 por ciento de los migrantes provenían de países en vías de desarrollo.

Por el PAN, el diputado Raúl Gómez Ramírez subrayó que la población migrante, generalmente, está constituida por personas de alta vulnerabilidad, y se acentúan cuando se trata de mujeres y menores de edad, víctimas fáciles de la delincuencia organizada y de abuso de autoridades que violan sus derechos humanos y garantías constitucionales.

Enfatizó que los migrantes no son delincuentes, sino personas que buscan una mejor condición de vida para los suyos enfrentando graves peligros y dejando en muchas ocasiones a sus familias a la deriva.

La diputada Petra Barrera Barrera (PRI) comentó que los migrantes, al no saber leer ni escribir, se convierten en víctimas debido a que desconocen los alcances de la documentación que se les presentan en las instancias de migración. Por otra parte, la seguridad y protección de niños y mujeres se ven vulneradas porque son atendidas por hombres, lo que ha generado abusos.

“Es tiempo de proteger los derechos de las migrantes que día a día cruzan nuestras fronteras, tal y como nosotros lo exigimos para nuestros connacionales en otras latitudes del planeta”, expresó.

El dictamen que adiciona la fracción IV del artículo 109 y reforma el artículo 110 de la Ley de Migración, señala que entre las razones que motivan dichas reformas está la obligación que tienen los estados de reconocer, respetar y proteger los derechos humanos de la población migrante en su territorio y el derecho que les asiste para regularlos y de ninguna manera suspenderlos o restringirlos.

Indica que la población migrante está constituida por personas en condiciones de alta vulnerabilidad, que se acentúa cuando se trata de mujeres y menores de edad, que los hacen víctimas fáciles de grupos de la delincuencia organizada y de abusos de algunas autoridades, más aún cuando tienen condiciones de analfabetismo.

Esta circunstancia ocurre a pesar de que México aprobó en 2011 la Ley de Migración, con la cual se avanzó de manera importante en la protección de los grupos de población migrante en condiciones de alto grado de vulnerabilidad que, sin embargo, son insuficientes para garantizar esta protección.

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