• Por veinte años se toleró una educación mediocre e ineficaz para México
• Habrá un nuevo modelo educativo y pedagógico que hará competitiva la educación que imparta el Estado
• Se penalizará a quien pida o condicione cuotas “voluntarias” en escuelas públicas. La “sangría” se estima en 6 mil 380 millones de pesos.

07-09-2013 Aprobada la reforma educativa y sus leyes secundarias, el país debe entrar a un análisis muy serio con todos los involucrados de lo que tendrá que ser el nuevo modelo educativo y pedagógico en México, para los próximos 50 años, afirmó la diputada Adriana Fuentes Téllez (PRI), secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Advirtió que con esa reforma que desmantela los vicios de la estructura del sector magisterial, no se agotan las modificaciones a la educación en el país.

Por el contrario, dijo Fuentes Téllez, se abre paso a una serie de cambios para lograr un sector competitivo.

El objetivo es que el Estado ofrezca una educación de calidad y esté a la altura de los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos del mundo actual, y el que vendrá para las generaciones que hoy cursan los niveles básicos.

No se pueden disociar por más tiempo los valores éticos, cívicos, sociales y humanísticos en la educación que se imparte, si queremos llegar a otros estándares que busca la reforma aprobada por el Congreso, señaló la diputada por el Distrito Uno de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Habrá más cambios en el sector, dijo la legisladora. La Ley General de Educación, explicó, prohíbe y sanciona a quien condicione la prestación de servicios educativos a cargo del Estado, a cambio de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.

Mencionó que el monto de las aportaciones “voluntarias” en 2010 ascendió a más de 6 mil 380 millones de pesos. “Es una sangría inadmisible para los padres de familia, y cuya práctica será erradicada al penalizarse”, afirmó Adriana Fuentes, también vicecoordinadora de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.

Añadió que los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en un contexto urbano favorable, pagaban anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en el 97.7 por ciento de las escuelas.

Sin embargo, explicó Fuentes Téllez, con las reformas a los artículos 6, 65, 67, 69, 75 y 76 de esta Ley, se busca que en ningún caso la prestación de servicios educativos, como la inscripción, la aplicación de exámenes, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas esté supeditada a la recepción de aportaciones, cuotas o donaciones.

La legisladora consideró que una vez aproaba la reforma y las leyes secundarias en la materia, los sectores interesados deben reunirse en mesas de diálogo para analizar y discutir con inteligencia, tolerancia, mesura y conocimiento el nuevo modelo que habrá de aplicarse en México. “Ahí es donde se puede aportar, no en la calle”.

Advirtió que no será por medio de amenazas, chantajes o con la afectación a millones de personas -como lo ha hecho la CNTE en la capital del país- como habrá de tomarse en cuenta a quienes tienen algo qué decir en torno a la reforma referida.

“Una cosa debe quedar claro a los grupos de interés que han violentado los derechos de terceros: quedarán excluidos de la misma sociedad por sus acciones y provocaciones”, señaló Adriana Fuentes.

“La reforma educativa que votamos en el Congreso impedirá una práctica nociva en el magisterio y letal para el erario público: acabar con los comisionados sindicales del magisterio, pagados con recursos públicos. Se estima que hay en la actualidad entre 80 mil y 100 mil maestros con comisión, que no dan clases, pero reciben su sueldo íntegro con prestaciones”.

“Pero de nada serviría legislar si no se aplicara la Ley. Por fortuna vivimos un Estado de Derecho en México”, afirmó.

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