15-09-2013 El diputado Mauricio Sahui Rivero (PRI), integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, impulsa una iniciativa para reformar la Ley de Migración, a fin de que los migrantes que sufran tortura o malos tratos, tengan derecho a que dichos actos sean investigados de manera pronta, imparcial y eficaz y los responsables sean juzgados de conformidad con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Refirió que de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, el corredor migratorio entre México y los Estados Unidos es el más importante del mundo con cerca de 9.3 millones de migrantes.

Precisó que el flujo de personas que entra a México, principalmente por Chiapas, provenientes de Centroamérica es de cerca de 60 mil migrantes al año.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en el 2010 el movimiento migratorio internacional ascendió a cerca de 213 millones de personas, en comparación con el 2005 que fue de 190 millones, indicó el diputado Sahui Rivero.

“En nuestro país, este fenómeno existe en gran escala, tomando en consideración que somos parte del origen, tránsito y destino de muchos migrantes”, añadió.

Enfatizó que en muchas ocasiones, las personas por su calidad de migrantes se enfrentan a diversos problemas al ser víctimas de abusos, tratos inhumanos, secuestros, tortura y demás violaciones a sus derechos fundamentales.

Mencionó que se han llevado a cabo esfuerzos y acciones entre el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organismos No Gubernamentales, con el objeto de dar protección a los migrantes, tanto connacionales como los que vienen de Centro y Sudamérica.

Sin embargo, agregó, la legislación federal aún no cuenta con los elementos suficientes para ejercer las acciones encaminadas a estos hechos, ante lo cual el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha recomendado tomar acciones.

Explicó que con la reforma al artículo 11 de dicha ley, se pretende dar una protección más amplia a los migrantes, principalmente en los casos de tortura y malos tratos, ordenándose una investigación pronta, imparcial y eficaz, de manera que los responsables de tales actos sean castigados de conformidad con la legislación correspondiente; medidas que también deberán tomarse para el caso de la desaparición forzada de personas.

Resaltó la importancia de que los migrantes sujetos a un procedimiento, sean asistidos desde el inicio por una persona letrada, que los oriente de la mejor manera, lo que evitará que se den prácticas como el emitir resoluciones sin que el migrante haya podido conocer que era lo que realmente ocurría.

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