• De 2 mil 500 expedientes interpuestos, sólo se ha inhabilitado a cuatro funcionarios

20-09-2013.- La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) atenderá prioritariamente en el segundo año de la LXII Legislatura el curso de las denuncias de hechos presentadas por el órgano fiscalizador ante la Procuraduría General de la República (PGR), porque de 2 mil 500 expedientes interpuestos, sólo ha habido cuatro inhabilitaciones administrativas.

José Luis Muñoz Soria (PRD), presidente de la instancia parlamentaria, informó que también darán seguimiento al destino de los recursos de los fondos de salud y educación que en el ejercicio fiscal del presente año se entregaron a estados y municipios, y que pudieron destinarse a otras áreas.

Estos son los puntos torales del Programa de Trabajo Anual de la Comisión de Vigilancia, aprobado por unanimidad en su octava reunión ordinaria, al que se anexaron propuestas de la diputada Elizabeth Yáñez Robles (PAN), secretaría del órgano legislativo, relativas a identificar las causas que propician que sea tan elevado el número de promociones sin resolución para fincar responsabilidades administrativas sancionatorias a funcionarios públicos.

Muñoz Soria explicó que la ASF presenta denuncias de hechos ante la PGR, y ésta se encarga de armar los expedientes, por lo que la Comisión de Vigilancia solicitará informes para saber “qué es lo que ha pasado, porque después de tantas denuncias de hechos no tenemos casi nada de sanciones”.

A los diputados les preocupa esta tendencia, por lo que trabajarán para construir una propuesta de ley que modifique tiempos y posibilidades, a fin de evitar que la ASF presente denuncias de hechos como “salvedad”.

El presidente de la Comisión de Vigilancia explicó que una gran cantidad de las auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación “la reporta como salvedad; eso significa que no hay la documentación suficiente o que los auditores no tienen los documentos necesarios”.

Se tiene que hacer algo para romper esta inercia, porque “cualquiera puede argumentar no tener la documentación que solicitan los auditores para evadir cualquier responsabilidad de dar un informe”, lo cual debe revertirse para lograr una fiscalización eficiente del gasto público, precisó el legislador federal.

Por otra parte, la diputada del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, pidió que la Comisión de Vigilancia solicite a la Auditoría Superior de la Federación revise en qué se basó la condonación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) otorgada a estados y municipios, así como al Distrito Federal, a fin de transparentar el proceso.

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