El Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para adecuar el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de enfrentar de manera más efectiva a la delincuencia organizada.
En el texto se establece que en los últimos tiempos la delincuencia organizada ha evolucionado de tal forma que a pesar de los esfuerzos constantes de la autoridad, sigue amenazando a la sociedad en su conjunto.
La iniciativa señala que los ilícitos relacionados con el terrorismo, secuestro y robo de vehículos, su comercialización y desmantelamiento, así como el desvió de precursores químicos y productos químicos esenciales, se tipificarían como delitos graves en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
También propone ampliar la capacidad de las autoridades federales encargadas de la procuración y administración de justicia, para prevenir, investigar y sancionar de manera más eficaz los delitos del crimen organizado.
Entre las modificaciones, propone que se establezcan como federales los delitos cometidos por, o contra, un servidor público o empleado federal en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
También contempla en este capitulo los delitos perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado, y todos aquellos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación, entre otros.
Se propone la aplicación de una pena mayor a integrantes de grupos delictivos que se organicen para cometer o cometan, no sólo delitos contra la salud, sino también los de terrorismo y de secuestro, así como el relativo al desvío de precursores químicos y productos químicos esenciales.
La iniciativa contempla adecuaciones a aspectos legales relacionados con el arraigo, las órdenes de cateo, de intervención de comunicaciones privadas y de aprehensión, así como con la colaboración en la investigación y persecución de la delincuencia organizada.
También figuran cambios en lo que se refiere a las entregas vigiladas, a nivel nacional y con el extranjero, de narcóticos, objetos, sustancias, dinero o bienes, de los cuales existan indicios de su procedencia ilícita.
Las operaciones encubiertas, agentes infiltrados, el programa federal de informantes y los tribunales especializados en delincuencia organizada, figuran entre los aspectos que sufrirían alguna modificación con esta iniciativa.
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