Entidades de los sectores de energía y comunicaciones y transportes fueron las que registraron un mayor número de irregularidades y observaciones durante el 2003, afirmó la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, tras revisar el informe de resultados de la cuenta pública de ese año.

Durante las 105 auditorias a 31 entidades vinculadas al sector con funciones productivas, se realizaron 59 revisiones al sector energía, entre cuyas dependencias destacan Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, la Comisión Federal de Electricidad, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo.

En el sector de comunicaciones y transportes se aplicaron 18 auditorías a la secretaría del ramo, con lo que se convirtió en la dependencia más revisada en toda la cuenta pública de 2003.

Roberto Michel, Director General de la Unidad de Evaluación y Control, informó que en Pemex, los ingresos por diversos conceptos tributarios y no tributarios arrojaron diferencias en los cálculos, afectando los montos de sus contribuciones.

Además, la paraestatal no cumplió con ordenamientos jurídicos y disposiciones normativas y contravino principios básicos de contabilidad aplicable en los proyectos Pidiregas, al no revelar en la cuenta pública y en los estados financieros deudas de recursos obtenidos a través de fideicomisos.

Con relación al otorgamiento de los Contratos de Servicios Múltiples en Pemex Exploración y Producción, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró que se concedió a los contratistas la realización de actividades estratégicas e indelegables, que sólo puede llevar a cabo el Estado.

"Sin embargo, en virtud de indefiniciones jurídicas, la Auditoría Superior de la Federación no pudo pronunciarse sobre el apego a las disposiciones legales y normativas en los conceptos de exploración y explotación en los contratos de obra pública", se abundó.

Roberto Salcedo, auditor de la ASF, insistió en la importancia de definir y aclarar jurídicamente las actividades de exploración y explotación, toda vez que se ha frenado la firma de más Contratos de Servicios Múltiples.

"Todo lo que vaya a exploración y explotación está prohibido, así sean carreteras, perforaciones o transporte del producto; pero no le toca a la ASF definir la constitucionalidad de los contratos", sostuvo.

En la Compañía de Luz y Fuerza del Centro no se tiene un fondo con recursos para enfrentar los pasivos actuariales de pensiones, por lo que los pasivos laborales continuaron representando un problema.

La ASF también encontró que la Secretaría de Comunicaciones no contó con un diagnóstico consolidado de necesidades para llevar a cabo una planeación y programación y no estableció parámetros para evaluar la calidad de los servicios portuarios.

El informe concluyó que en los servicios aeroportuarios, la terminal de la Ciudad de México cumplió con su objetivo de satisfacer la demanda de pasajeros de líneas aéreas y de proporcionar servicios aeroportuarios con seguridad, pero se registraron indicadores que revelan un incremento de quejas y reclamaciones de usuarios.

En el sector de la economía, la ASF evalúo las acciones para el financiamiento e integración de las micro, pequeñas y medinas empresas a las cadenas productivas, pero no se tuvo la información para valorar la cobertura de atención y calidad del servicio, así como el desempeño de los operadores de fondo de apoyo para el acceso al financiamiento.

Se encontró que la Secretaría de Economía no contó con una cuantificación de las pequeñas y medianas empresas que requieren ser apoyadas con crédito.

Sobre el sector agricultura, se indicó que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) no dispuso de un sistema para la identificación de los diversos esquemas utilizados en la ganadería extensiva, que permita precisar el universo a atender en los programas ganaderos.

Concluyó que después de 10 años de operación del Procampo, la agricultura mexicana no ha logrado la competitividad esperada, lo que refleja la crisis de los principales cultivos del país.

Sagarpa aportó recursos públicos a 33 fideicomisos que no estaban registrados en la Secretaría de Hacienda.

También se indicó que las acciones de promoción no lograron elevar el arribo de turistas al país, además de que en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo se detectaron irregularidades en el otorgamiento de créditos, obtención de garantías y faltas de recuperación oportunas de adeudos.
El informe de la ASF, también reveló que en el análisis del sector productivo detectó la falta de transparencia en la administración de fondos y fideicomisos, lo que dificulta un análisis real de las presiones de las finanzas nacionales, por lo que se recomendó seguir insistiendo en su revisión minuciosa.

La diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) dijo que en el sector turismo hubo exceso de manejo de figuras para eludir la ley y no rendir cuentas en 23 fideicomisos que se extinguieron desde el 2002.

A propuesta de la legisladora priista se planteó la pertinencia de realizar una auditoría de desempeño a la Secretaría de la Función Pública, para evaluar las acciones preventivas y el seguimiento de las acciones de los órganos internos de control de otras dependencias.

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