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Las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PVEM y Convergencia en la Cámara de Diputados destacaron la importancia del acuerdo que alcanzaron con el Ejecutivo Federal para aprobar la Ley de la Caña de Azúcar, mientras el PAN cuestionó su viabilidad y dijo que los industriales están inconformes.

Los diputados de oposición dijeron que este acuerdo manda un positivo mensaje político al país, por los enfrentamientos que han protagonizado ambos Poderes, además de que la Ley permite impulsar y desarrollar ese sector en defensa de la estabilidad socioeconómica de la nación.

Sin embargo, reconocieron que este es sólo un primer paso, no la solución a la problemática de este sector, en el que participan 150 mil productores e involucra a 2.5 millones de personas en 15 estados del país.

Los legisladores abordaron este tema en el debate que se difunde en el programa semanal de televisión “Frente a las Cámaras”.

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar fue aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 21 de julio; el presidente Vicente Fox anunció que la vetaría y ante la movilización de productores y legisladores se inició una negociación con la Secretaría de Gobernación.

En esos encuentros se suscribió un acuerdo político para que la Ley se publicara en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de agosto y posteriormente los diputados le hicieran algunos ajustes que incluyeran las observaciones que presentó el Ejecutivo Federal, que se llevó a cabo la semana pasada.

Entre estas observaciones, se cambió la naturaleza jurídica del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que pasó de ser un organismo público descentralizado en el proyecto original, a un organismo interinstitucional y de carácter consultivo.

La discusión y aprobación de esta Ley se realizó luego que el Gobierno Federal abrogó a principios de este año el decreto cañero que durante muchos años estableció las reglas de operación del sector.

Carlos Blackaller Ayala (PRI) dijo que el país, y en particular esta actividad, requiere de certidumbre y estabilidad en la relación social y económica que se da entre cañeros y el sector industrial, lo que se establece en esta Ley, además de impulsar la investigación y diversificación de productos.

La Ley contempla el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas para coordinar, ordenar e impulsar el desarrollo de nuevas actividades y de nuevos procesos en la producción de caña de azúcar y sus derivados, agregó.

Sin embargo, aclaró que esta Ley no es una solución final para este sector, sino un punto de partida para su fortalecimiento y desarrollo.

José María de la Vega (PAN) consideró que la Ley no va a resolver la problemática del sector cañero y dijo que el sector industrial quedó insatisfecho con ella, porque se elaboró de manera unilateral con la posición de los productores de caña.

Dijo que los contratos entre particulares deben reflejar la voluntad de las partes y no que el precio del azúcar y otros aspectos estén ligados a una Ley tan detallada, “en donde el gobierno tendría que ser rector de una economía que definidamente no obedece a la forma como se ha pretendido desarrollar el país”.

“No ha habido el interés, más que político, de mantener este sector totalmente protegido en lugar de hacerlo verdaderamente eficiente”, agregó y pronosticó que al mantener un alto precio del azúcar producirá en el futuro el contrabando del dulce más barato.

Marcelo Herrera (PRD) dijo que al desaparecer el decreto cañero se volvía fundamental aprobar una Ley específica a nivel federal.

Destacó que el acuerdo alcanzado entre los legisladores y el gobierno del presidente Fox es políticamente muy importante, por el mensaje que se da, aunque reconoció que hay asuntos pendientes para desarrollar la industria.

Aseguró que a este sector se le denomina estratégico y básico porque obedece a mecanismos de estabilidad socioeconómica en el país y señaló que en naciones como Japón, Estados Unidos o Europa, también se establecen condiciones de apoyos y parámetros financieros para sus productores.

Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) recordó que ha habido mucha confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y dijo que el acuerdo que ambas partes alcanzaron para aprobar esta Ley “es muy sano para la vida política del país”.

“Si pudiéramos llegar a este tipo de esquemas, de hoy en adelante, yo creo que la cooperación sustituiría a la confrontación entre los dos Poderes. Eso yo creo que es lo más importante y lo que hay que rescatar de este proceso”, agregó.

También dijo que la Ley sobre la caña de azúcar sí va a impulsar esta actividad y recordó que contiene un capítulo sobre los usos alternativos de la caña de azúcar para la cogeneración de energía o para usarla como combustible.

“La Ley no se enfoca únicamente en la cuestión contractual entre los industriales y los productores, sino que va más allá”, agregó.

Defendió la Ley para impulsar al sector y señaló que el mercado no es perfecto “porque estamos inmersos en una competitividad internacional de otros países que dan subsidios, apoyos, cruces y esto hace que se afecte directamente a los campesinos que dependen de la caña de azúcar”.

“El sector agrícola de cualquier país es estratégico por cuestiones sociales y hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que hacerlo cada vez más competitivo y más eficiente”, agregó.

Juan Fernando Perdomo (Convergencia) defendió la Ley y recordó que cuando se abrogó el decreto cañero “los ingenios azucareros, el 40 por ciento en manos del gobierno, empezaron a tomar medidas de confusión, de empezar a establecer contratos individuales con cada uno de los cañeros”.

“Entonces, la Ley viene en un momento importante a llenar ese vacío”, aunque puede ser perfectible, agregó.

JGM/JGM