Diputados de oposición criticaron la operatividad del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), el cual, es aplicado mediante una serie de irregularidades y no ha sido administrado de manera correcta, reflejando resultados deficientes.

En el marco de la Glosa del V Informe de Gobierno, el Secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, compareció ante integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, quienes hicieron cuestionamientos referentes a la efectividad del PROCEDE.

El funcionario indicó que el objetivo principal del programa es dar certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, a través de la entrega de certificados y títulos de solares en favor de quienes integran los núcleos agrarios.

Ana Lilia Guillén Quiroz (PRD), dijo que el programa PROCEDE se puede considerar generoso, pero indicó que existen quejas sobre las irregularidades en las que incurren los empleados federales, quienes no toman en cuenta la discusión de las asambleas e incluyen a quienes no tienen que ver con el campo.

Hizo mención del caso El Tamarindillo, en donde consideró que no hubo una verdadera respuesta jurídica por parte del programa.

En base a este cuestionamiento, Salazar Adame argumentó que el programa proporciona “orden” para que los campesinos puedan vender sus tierras con pleno conocimiento de causa y en términos equitativos, y que los inconformes puedan acudir a los Tribunales Agrarios.

Agregó que la Secretaría está consciente de que existen quejas, las cuales, en su mayoría, han sido atendidas y dijo que es un grupo minoritario quien insiste en imponerse al programa de las asambleas.

La diputada Margarita Chávez Murguía (PAN) dijo que en el sector debe haber seguridad jurídica y ésta la proporciona principalmente el programa PROCEDE; reconoció el esfuerzo para continuar con la certificación, sin embargo, cuestionó sobre los ejidos y comunidades en donde está suspendido el programa.

La legisladora panista solicitó ampliar información acerca de la dificultad originada por el crecimiento desordenado de las grandes ciudades que estaban absorbiendo tierras ejidales y comunales, así como de las estrategias para resolverlo.

Ante la interrogante, el funcionario explicó que se formalizará la ejecución de un programa piloto para ciudades como Mexicali, Iguala, Toluca, Cuernavaca, entre otras, con el fin de intercambiar información entre los sectores agrario y social, para identificar el obstáculo e incorporar la tierra al desarrollo urbano.

Por parte del grupo parlamentario del PRI, el diputado Elpidio Desiderio Concha Arellano, indicó que los datos contenidos en el informe son diametralmente diferentes a los que ellos tenían, principalmente se refirió a los denominados “focos rojos”, que se encuentran en Oaxaca.

El diputado Manuel Velasco Coello (PVEM) se refirió a los problemas sociales generados por el abandono de los habitantes de sus regiones de origen, así como al deterioro ambiental ocasionado por los conflictos de la tenencia de la tierra.

Mencionó la problemática que enfrenta Montes Azules, en el estado de Chiapas, la cual, no se ha podido resolver debido a la falta de acuerdos entre la Secretaría y el gobierno estatal y demandó una pronta solución para la reubicación de los poblados irregulares que se encuentran en esta reserva ecológica.

Al respecto, Salazar Adame dijo que existía un trabajo interinstitucional que involucra a diferentes Secretarías, como SEDESOL, SAGARPA, SEMARNAT y Gobernación con el gobierno del Estado y que se habían resuelto 138 asuntos, recuperando dos mil 372 hectáreas.

Agregó que se formaron comités para ofrecer alternativas de diferentes predios, que cuentan con infraestructura, servicios de educación y salud, y que durante los primeros seis meses se les dio recursos alimentarios mientras su tierra era productiva.

Salazar Adame distinguió tres etapas en la trayectoria de la Secretaría a su cargo: reparto agrario, ordenamiento de la propiedad rural y desarrollo rural integral, así como tres ejes fundamentales en la política agraria del gobierno de Vicente Fox, la atención y solución a la conflictividad agraria, ordenamiento y regularización de la propiedad rural y el desarrollo agrario.

BL