Diputados del PRI, PRD, PAN y Convergencia condenaron las amenazas e intimidación en contra de las diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, (PRD) y Sofía Castro Ríos (PRI), que hizo Rubén Ayala Chaurand, abogado de la familia Bribiesca Sahagún, por su desempeño en la Comisión Especial que investiga a la Empresa Construcciones Prácticas.

El abogado advirtió a las diputadas, hace unas semanas, que al término de su encargo podrían ser acusadas de los delitos de calumnias y difamación.

Al subir a tribuna para defender el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política al Pleno, el presidente de dicha Comisión, Jesús González Schmal (Convergencia) afirmó que si se permite que cualquier particular, en abuso de sus derechos pueda incurrir en un ilícito, se expone el éxito de las Comisiones.

“Si no respaldamos y salvaguardamos la integridad y derechos de nuestras colegas estamos exponiendo al fracaso de estas instancias que están dedicadas, en una representación como ésta, para desempeñarlas con verticalidad y sentido de responsabilidad”, refirió.

Señaló que se debe reprobar la conducta de un abogado, ya que no se puede permitir la posibilidad de amenazar a un legislador en el cumplimiento de su labor.

Por su parte, Jorge Legorreta Ordorica (PVEM), también integrante de la comisión, expresó su repudio a las amenazas en contra de las legisladoras e indicó: “quiere decir que hay miedo y temor fundado del abogado. Han engañado a los mexicanos, han quebrantado al erario público de manera salvaje”.

“Eso es un insulto para todos los mexicanos ver que en un sexenio estas personas se puedan enriquecer de esta forma. Hay elementos, no hablamos al aire”, aseveró.

Señaló que el secretario Ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Mario Beauregard, ha ocultado información e indicó que la comisión cuenta con elementos jurídicos, por lo que presentarán una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Detalló que la Comisión Especial descubrió, de manera fehaciente, una relación entre los hermanos Bribiesca y la empresa Construcciones Prácticas, a través de un cheque por tres millones de pesos a nombre de José Alberto Bribiesca, para pagar el 70 por ciento de la cartera vencida del IPAB.

En entrevista, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena dijo que las amenazas e intimidaciones en su contra sólo muestran “terrorismo” e indicó el punto de acuerdo aprobado por el Pleno es un “acto de congruencia”.

“Es incorrecto que nos estén intimidando y amenazando por parte de los asesores legales de los Bribiesca. Es violatorio de los derechos humanos, pero además, quienes los asesoran los odian, porque no lo hacen bien”, apuntó.

Expresó que aun cuando termine su encargo como diputada, no podrán demandarla, pues hay Jurisprudencia que señala que no se puede actuar contra de lo que hayan realizado como legisladores.

SH