- Protegerá secreto profesional de periodistas.
- Despenalizará delitos de difamación y calumnia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de abril de 2006 (Notilegis).- Establecer la reserva de información y el secreto profesional de periodistas, abogados, consultores médicos o ministros de culto, así como despenalizar los delitos de difamación y calumnia, son temas de dos iniciativas que la Cámara de Diputados someterá a consideración del Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación en la sesión de este martes 18 de abril.

Una de las iniciativas que pretende establecer la reserva de información y el secreto profesional de periodistas, llegó a la Cámara de Diputados después de que el 25 de abril del 2005, la Cámara de Senadores la remitió para su análisis y discusión.

Con dicha minuta se propone la adición de un artículo, el 243 Bis, al Código Federal de Procedimientos Penales, así como reformas y adiciones a los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal.

En lo que se refiere a la iniciativa para despenalizar delitos de difamación y calumnia, fue presentada por el diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI), el 23 de febrero de 2006 ante el Pleno de la Cámara de Diputados y se turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

El documento cita que la iniciativa de ley tiene por objeto derogar los artículos 350, 351, 352, 353, 354 y 355 del Código Penal Federal, referentes a los delitos de injurias, difamación y calumnia, por considerar que deben ser los jueces de lo civil quienes resuelvan si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones, eliminando la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión, dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros por la vía civil.

Argumenta que la falta de precisión para determinar los límites entre el adecuado ejercicio de estas libertades y los derechos de terceros ha dado motivo al abuso y a la generación artificial del escándalo mediático.

La complejidad para precisar donde inician unas y terminan los otros ha inducido el deterioro o la pérdida irreparable del honor y las carreras de muchos servidores públicos.

Por ello, para prevenir conductas marginales de los medios y reparar, en su caso, los daños causados por imputaciones falsas hacia los hombres y las mujeres en el gobierno, ambos derechos, los dos bienes jurídicos, libertad de expresión y derecho a la intimidad y al honor, deben prevalecer, establece la iniciativa.

En relación a la minuta del Senado de la República sobre el secreto profesional que pretende establecer la reserva de información y la reserva profesional de periodistas, considera que el secreto profesional y la reserva de información, son dos instituciones que garantizan el derecho de las personas que desempeñen la actividad de periodismo o ministros de culto.

Cita que los periodistas o ministros de algún culto, pueden abstenerse a declarar si lo desean como un beneficio procesal y tipificar como delito la conducta que implique la inobservancia de su voluntad de declarar o no.

En el articulo 243 Bis, fracción III, señala que los periodistas no estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder, respecto de nombres o grabaciones, registros telefónicos, apuntes, archivos, documentales y digitales y todo aquello que de manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionan como información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación o comunicado.

Respecto a la iniciativa con la que se pretende despenalizar los delitos de difamación y calumnia, el diputado priísta Heliodoro Díaz Escárraga, indicó que con esta medida se pretende terminar con el amago de consecuencias penales para el trabajo de los periodistas.

El vicepresidente de la Mesa Directiva consideró que de no existir dichas libertades se dejaría sin control el ejercicio del poder, con lo que surgirían el abuso, la intolerancia, la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad gubernamentales.

Díaz Escárraga puntualizó que el derecho democrático busca encontrar equilibrios entre el interés individual a la manifestación de las ideas y a su reproducción en medios escritos y electrónicos, con el derecho a una adecuada convivencia social, basada en el respeto a los derechos de terceros.

“Nuestra Constitución garantiza la libertad de expresión y su difusión, pero hace también responsable al ser humano libre para que si, en uso de esa libertad, violenta la convivencia, la sociedad pueda exigir cuentas de ello”, agregó el legislador.

Este reconocimiento ha sido y es el fundamento constitucional que protege el trabajo de los periodistas, y constituye lo que se ha llamado la "democracia informativa"; sin embargo, agregó que en los hechos, es indudable que esa protección ha servido, en ocasiones, de parapeto a extralimitaciones mediáticas o de instrumento perverso para desprestigiar al adversario político.

Explicó que con esta propuesta se deja abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado por los medios al derecho de terceros en vía civil, como ocurre en otros países.

El diputado subrayó que la intimidación hacia los comunicadores, que busca inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, son inadmisibles en un régimen democrático.

“Es necesario sentar nuevas bases para propiciar un mejor ejercicio de la libertad de expresión, manteniéndolo ajeno a la amenaza de la cárcel, y simultáneamente proteger el ámbito privado de las personas y la credibilidad de las instituciones públicas y democráticas, que frecuentemente se ven atacadas por el escándalo mediático, el prejuicio o la acusación temeraria”, finalizó Heliodoro Díaz Escárraga.

DJ