PRD: Responsabiliza al gobierno federal; exige la salida del secretario del Trabajo
PRI: Existe riesgo latente de un estallido mayor
PAN: Llama a resolver el conflicto por los cauces legales

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de abril de 2006. (Notilegis). Diputados del PRD, PRI y PAN lamentaron la muerte de dos mineros en el enfrentamiento entre policías federales y estatales contra trabajadores de la empresa siderúrgica Sicartsa, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en un intento por desalojarlos de las instalaciones que mantienen tomadas desde el 2 de abril en apoyo al ex líder Napoleón Gómez Urrutia.

El vocero del Grupo Parlamentario del PRD, Inti Muñoz Santini, condenó los hechos y afirmó que el secretario del Trabajo, Francisco Salazar Sáenz, debe renunciar por no tener la capacidad ni autoridad moral para mantenerse en el puesto.

“El mundo sindical está en una situación de extrema complicación, enrarecimiento y confrontación como producto de las constantes negligencias del señor secretario Salazar”, indicó.

En conferencia de prensa, culpó al gobierno federal de la falta de capacidad en la relación con los sindicatos, así como de su constante desprecio por el Estado de Derecho.

“En el fondo de este suceso está el autoritarismo, la torpeza política e impericia del gobierno del presidente Vicente Fox que no ha sabido ocuparse de una relación saludable con los sindicatos”, apuntó.

Muñoz Santini explicó que si desde hace tiempo el presidente Fox consideró que Napoleón Gómez Urrutia tenía que ser procesado por diversos delitos, debió recurrir a las instancias judiciales y no urdir una injerencia en la autonomía sindical.

“En el fondo de lo ocurrido está esa agresión cometida desde hace unas semanas en contra de la autonomía sindical. Es lamentable que haya recurrido a la fuerza pública y que el gobierno federal haya optado por quitar a un líder charro para poner a otro y generar un problema político que se ha salido de control”, apuntó.

El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Enrique Burgos García (PRI) afirmó que existe un riesgo latente de un estallido mayor en otros estados y se requiere privilegiar urgentemente la política, el acuerdo y el diálogo ante el clima electoral que vive el país.

“No puede ser uno tan ingenuo y decir que esto no pasará a mayores. La obligación de los servidores públicos es anticipar escenarios. Estaríamos en riesgo todos, pues no sólo sería para los trabajadores, sindicato y gobierno, sino para la sociedad”, manifestó en entrevista.

Lamentó los hechos y consideró que es urgente conciliar la vigencia del Estado de Derecho para garantizar la gobernabilidad, estabilidad y paz social.

“El problema no es solamente de la aplicación fría y escueta de una resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que declaró ilegal el paro de trabajadores mineros de Sicartsa, sino que debe cuidar y vigilar el Estado, porque es una responsabilidad indelegable”, refirió.

Dijo que el conflicto va más allá de exigir la renuncia del secretario del Trabajo, pues sería “una decisión incompleta, parcial y de riesgo”.

“El asunto requiere una solución integral y de fondo. Para qué un cambio de secretario si no va a existir un contexto que apunte a la gobernabilidad y conducción de las tareas esenciales del Estado. Buscar la solución es primordial”, aseveró.

Burgos García expresó que la postura de la Presidencia de la República de responsabilizar a los trabajadores de los acontecimientos es anticipada, porque aún no hay elementos que lo sustenten.

Por su parte, Fernando Guzmán Pérez Peláez (PAN) dijo que el conflicto minero debe resolverse con “la ley en la mano y tiene que haber respeto a las decisiones de las instituciones” e hizo un llamado a los involucrados a que sea en los cauces legales donde se resuelvan las diferencias.

“Se requiere de la aplicación de la ley, sin titubeos, y el respeto a las decisiones de las instituciones; no hay otra manera”, aseveró.

Indicó que en el país hay órganos judiciales y administrativos ante los cuales se pueden hacer valer los derechos de los sindicatos, pues de otra manera, “volveríamos a la ley de la selva y a la época gansteril cuando se tenía secuestrada a la Nación”.

Susana Hernández Hernández/Agencia de Noticias Legislativa