Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados, 26 de abril de 2006. (Notilegis). El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, entregó a la Comisión Especial que Investiga a la Empresa Construcciones Prácticas, la declaración patrimonial de Marta Sahagún de Fox, como parte de la información solicitada para concluir las investigaciones en torno a los hermanos Jorge Alberto y Manuel Bribiesca.
El documento, correspondiente a 2000 consta de tres partes: la declaración inicial, la modificación y la de conclusión de cargo. Abarca lo que percibía Marta Sahagún cuando fungía como coordinadora general de Comunicación Social y vocera de la Presidencia de la República, monto que ascendía a 141 mil 468 pesos mensuales, por concepto de sueldo, actividades financieras y arrendamiento.
Declaró contar con una casa en Celaya, Guanajuato, adquirida en 1999 mediante donación o herencia y con valor de un millón 500 mil pesos; un local, con valor de tres millones de pesos y un rancho en Celaya, con valor de diez millones de pesos; además de un automóvil de 136 mil 273 pesos y tres cuentas bancarias con un monto de casi dos millones de pesos, las cuales no aparecen en la declaración de conclusión de cargo de 2001.
Durante su comparecencia, Romero Ramos indicó que en las auditorías realizadas por la dependencia que encabeza no se han detectado irregularidades en las subastas del IPAB en las que participó Construcciones Prácticas.
“La auditoría de la Secretaría de la función Pública estima que no hay irregularidad que afecte ninguna norma que regula este tipo de subastas, conclusión a la que ha llegado también la Auditoría Superior de la Federación”, expresó.
Indicó que la Secretaría de la Función Pública no esconde información, ni actúa con dilaciones ni tiene prejuicios o consignas.
“Estamos apegados al proceso que nos marcan las leyes. Nos interesa una sola verdad: la de los hechos y su apreciación legal. La administración del presidente Vicente Fox tiene un claro compromiso con la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas”, indicó.
Respecto al cheque emitido por Jorge Alberto Bribiesca como depósito para participar en la subasta del IPAB dijo que se detectaron actos atípicos, pero no ilegales.
“El cheque con que se hace el depósito no corresponde al de la postura, que es Construcciones Prácticas. Esto que nos pudiera parecer atípico, al mismo tiempo los auditores estiman que no viola ninguna disposición legal, es decir, es lícito”, aseveró.
Sin embargo, el presidente de dicha Comisión, Jesús González Schmal (Convergencia), reiteró que sólo existen evasivas por parte del secretario e indicó que los documentos que les entregó seguramente son “ligeros, superficiales e incompletos”, por lo que analizarán la información para determinar si procede una denuncia en su contra.
“Todo esto es una trama de simulación, creación y extinción de empresas, de cheques cruzados. Queríamos que nos ayudaran las instituciones, como la Secretaría de la Función Pública, pero parece que todo el presupuesto destinado a la vigilancia y buen uso del patrimonio público está tirado a la calle”, señaló.
Resaltó la importancia de que se les haya entregado la declaración patrimonial de Marta Sahagún, ya que “está vinculada como accionista en varias empresas en las que están sus hijos”.
“En la declaración nosotros sabremos si aparece su participación social con Poliductos Tamayo y otras empresas y cómo ha evolucionado su patrimonio personal y ahora sumado al del Presidente de la República”.
Asimismo, el legislador entregó a los medios de comunicación la copia de la Constitución de Sociedad de la empresa Poliductos Tamayo SA de CV, fechada el 16 de octubre de 1990 y en la que Marta Sahagún aparece como socia con 148 acciones de la Serie A, con un capital de 14 millones 800 mil pesos.
Por su parte, la diputada Martha Palafox (PRI) apuntó que el gobierno federal pretende desviar la atención sobre los errores que comete, mientras que el legislador Carlos Pano Becerra (PRI) cuestionó que la secretaría ha incrementado su presupuesto y ha reducido su función de vigilar y fiscalizar.
Romero Ramos detalló que la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y la Contraloría Interna de la secretaría a su cargo continúa con el análisis de la documentación enviada por la anterior comisión legislativa, con el propósito de ejercer las acciones a que haya lugar, además de incorporar testigos sociales que participarán en la asignación de contratos a auditores externos.
Por la noche la Secretaría de la Función Pública envió una nota aclaratoria a diversos medios de comunicación que puntualiza:
“Respecto a las declaraciones patrimoniales de Marta Sahagún Jiménez, correspondientes al inicio, modificación y conclusión de su encargo como Coordinadora de Comunicación Social y Vocera de la Presidencia de la República, entregadas el día de hoy por el Secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, a la Comisión de la Cámara de Diputados que revisa la legalidad de los contratos asignados a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, esta dependencia quiere hacer notar lo siguiente:
“En las declaraciones de situación patrimonial, en el apartado donde se consignan los datos de los bienes inmuebles del declarante, cónyuge y/o dependientes económicos, la señora Sahagún declaró poseer un bien inmueble en el kilómetro 291, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, adquirido en 1973 por un monto de 10 millones de pesos.

“La SFP informa que los datos que se reportan en estos apartados deben ser los contenidos en las escrituras públicas, en los que no se diferencia entre el valor de los pesos actuales y el de los viejos pesos. Cabe recordar que en 1993 se le quitaron tres ceros al peso mexicano. Sería incorrecto sumar los valores de los bienes comparados en años anteriores a esta fecha con los adquiridos posteriormente”.

SH