Palacio Legislativo, 12-XII-2006. (Notilegis). Con el objetivo de asegurar la soberanía en el sector energético, el desarrollo y aprovechamiento sustentable, así como su explotación racional y planificada, el grupo parlamentario del PRD propuso una iniciativa que reforma y crea diversos ordenamientos que permitirán actualizar la legislación en materia eléctrica.

Al subir a tribuna, el diputado perredista Antonio Soto Sánchez, señaló que la iniciativa busca un nuevo esquema de autonomía en las instituciones eléctricas, pero preservando su carácter público, ya que es una responsabilidad indelegable del Estado garantizar que todos los habitantes del país, sin importar condición socioeconómica o actividad, dispongan por igual del fluido eléctrico que es actualmente urgente.

“Hoy el carácter estratégico del servicio público de electricidad, que establece el artículo 28 constitucional, adquiere toda su vigencia. La sociedad mexicana ha cambiado de manera extraordinaria desde que se llevó a cabo la nacionalización de la industria eléctrica en los años setentas, pero quizá hoy las desigualdades sociales se han acentuado”, expresó.

Argumentó que la reforma energética requiere la adecuación del marco jurídico del sector, estableciendo una serie de medidas que garanticen a mediano y largo plazo que el rendimiento obtenido sea el óptimo para responder a los retos del futuro.

Ejemplificó que a finales de los años ochenta muchos países desregularon sus sistemas eléctricos a través de la privatización y construcción de mercados mayoristas de electricidad, sin embargo, muchos de esos sistemas han registrado una crisis de desabasto como resultado de transformar el suministro eléctrico en una mercancía, objeto de la especulación financiera.

La iniciativa, dijo Soto Sánchez, ampliará las visiones en materia energética en coordinación con el fortalecimiento de las acciones del Estado en la planeación; una dotación de mayor autonomía a la Comisión Reguladora de Energía, la garantía del abasto del sector público de energía eléctrica, así como la corresponsabilidad del Poder Legislativo y Ejecutivo en el sector.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación, Función Pública y Energía, con opinión de las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis.

SHH