Palacio Legislativo, 14-XII-2006 (Notilegis).- En la propuesta de presupuesto del gobierno federal se pretenden aplicar políticas que llevan a la privatización del suministro de agua, toda vez que el numeral I del artículo 36 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) condiciona a los municipios y organismos estatales a contratar a empresas privadas que operen este servicio.

Denunció lo anterior la diputada Aleida Alavez Ruiz (PRD), quien dijo que su fracción parlamentaria buscará modificar dicho artículo del PEF y que se elimine la obligación de los municipios y organismos operadores del agua de contratar empresas privadas en la gestión del agua. También, señaló, en el numeral II del mencionado artículo se obliga a los organismos y gobiernos a estar al corriente enel pago de sus derechos.

“Esto implica que desde el Proyecto de Decreto del PEF se está mandado el mensaje que el que quiera agua deberá pagarla aunque incluso no la tenga”, advirtió la diputada Aleida Alavez en conferencia de prensa.

Reconoció que a pesar de ser una libre atribución de los gobiernos locales optar por esquemas de concesión o participación mixta con capital privado, “de ningún modo se les puede obligar, por decreto de ley, incorporar o contratar la participación de la iniciativa privada. Hacerlo sería violatorio a la soberanía de los estado y municipios, consagrada en el artículo 155 constitucional”.

Para el legislador Fausto Mendoza Maldonado, también del PRD, es importante que se reasignen recursos enfocados para el sector social, donde se favorezca a los más necesitados. Apuntó que es importante no reducir el presupuesto para el sector hidráulico, ya que en los dos últimos años ha bajado en 26.89 por ciento en términos nominales.

“La reducción efectiva de 887 millones 198 mil 478 pesos a la Comisión Nacional de Agua en el Proyecto de Presupuesto 2007 se suma a la reducción de 15 mil millones 558 mil 855 pesos que el sector hidráulico tuvo que afrontar en este año”, explicó.

Afirmó que en su fracción parlamentaria es inadmisible el recorte presupuestal, toda vez que responde a una estrategia deliberada para forzar a la privatización y restringir el derecho al vital líquido.

RRA