Palacio Legislativo, 19-XII-2006. (Notilegis). El presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, César Camacho Quiroz (PRI) presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 constitucionales, para brindar certidumbre jurídica a los ciudadanos a través de nuevo modelo de justicia penal que promueva los juicios orales y proteja los derechos fundamentales.

Al subir a tribuna para presentar la iniciativa que se elaboró a partir de la reunión con la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, Camacho Quiroz dijo que la procuración e impartición de justicia han sido rebasadas por el número de delitos que se cometen, lo tortuoso de los procesos y las prácticas de corrupción e inequidad, lo que ha provocado que víctimas y acusados sufran, indistintamente, la incertidumbre jurídica y el atropello a sus derechos.

“Es imperativo dar paso a juicios abreviados en todas las fases presentes, lo cual implica que el juez conozca rostros y observe actitudes que le aporten elementos en forma directa; que, sin soslayar la utilidad de los documentos y las constancias de lo actuado, le permitan determinar la autenticidad o falsedad de lo desahogado en su presencia, para dictar sentencias más justas”, afirmó.

Argumentó que la obsolescencia del marco jurídico vigente exige su revisión, sin demora, y su autorización a la brevedad, para que la justicia recupere y cumpla su objetivo original. “Es imprescindible plantear, de nueva cuenta, la naturaleza y los alcances del sistema justicia penal”, remarcó.

Camacho Quiroz agregó que el nuevo modelo de justicia penal deberá trascender a los periodos sexenales; comprometer a los tres Poderes y todos los ámbitos de gobierno.

“La cirugía mayor que requiere el sistema de justicia penal es una verdadera reforma estructural y por ello demanda no sólo talento jurídico, sino una gran dosis de responsabilidad política, y que los poderes Ejecutivo y Judicial también se involucren en la discusión”, acotó.

La iniciativa, también firmada por los diputados Felipe Borrego (PAN), Raymundo Cárdenas (PRD), Faustino Javier Estrada (PVEM) y el coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, Miguel Ángel Jiménez, fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis, con opinión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

SHH