El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados denunció que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la expropiación que hizo el Gobierno Federal a 27 ingenios azucareros, es similar al rescate del FOBAPROA, toda vez que “sumarán millones de pesos que la presente administración entregó a un grupo de industriales a quienes se expropiaron los ingenios”.

En declaraciones a la prensa, el diputado Marcelo Herrera Herbert (PRD) dijo que la expropiación constituye un “fobaproa disfrazado, un rescate de empresarios poco comprometidos con su país, en clara alianza con un presidente comprometido con una industria ligada al sector azucarero: la Coca Cola”.

Afirmó que la decisión del Máximo Tribunal evidencia la “errática política” de este sexenio hacia el campo, en especial hacia la agroindustria azucarera.

El también presidente de la Comisión Especial del Café, mostró su preocupación sobre el tema, ya que en el fondo aseguró que “existe una coherencia en las decisiones tomadas entre los poderes: destruir al campo, desdeñar el interés público y menoscabar las atribuciones constitucionales del Estado mexicano”.

Subrayó que la decisión de la Corte tiene implicaciones muy graves, pues se privilegia el interés privado sobre el público y continúa beneficiando a los industriales de la agroindustria de la caña, los cuales constituyen un “barril sin fondo”.

“El país ha invertido millones de pesos provenientes de nuestras contribuciones en esta industria sin que tengamos resultados”, agregó.

Precisó que México es el séptimo productor mundial de azúcar, pues la caña representa el 13.5 por ciento de la producción agrícola; el 3.5 por ciento de la rama de alimentos, bebidas y tabaco y el 0.5 del PIB.

Afirmó que en el plano laboral la agroindustria genera 440 mil empleos y representa el ingreso familiar de 12 millones de mexicanos que viven de manera directa, indirecta o colateralmente de esta actividad en 15 estados del país y en 227 municipios.

“El hecho de que la Suprema Corte determine la obligatoriedad de la audiencia previa en casos de expropiación, demuestra con claridad el carácter metaconstitucional que se le quiere dar al Tratado de Libre Comercio, para defender a la propiedad privada y a los intereses de los inversionistas extranjeros”, denunció.

Indicó que los empresarios que habían recibido los ingenios expropiados, no sólo fueron beneficiados con la venta de infraestructura saneada, sino que también recibieron créditos.

MB