La diputada Eliana García Laguna (PRD), integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pidió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a los Gobiernos Federal y de Guerrero, detengan la construcción del proyecto Hidroeléctrico “La Parota” porque pone en riesgo a más de 3 mil habitantes.

Agregó que la Hidroeléctrica provocará daños sociales y ambientales gravísimos. Tan sólo, al inicio se habla que habrá 25 mil desplazados directos y las personas que tendrán daños indirectos son más de 72 mil.

Lo anterior tras la decisión judicial que emitió el Tribunal Unitario Agrario el pasado 19 de enero, mediante el cual se anula la Asamblea llevada a cabo en San Marcos con la que las autoridades intentaron legitimar la construcción del proyecto “la Parota” en el estado de Guerrero.

Informó que durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, presentará un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el que se exhortará a las autoridades Federales y Estatales a no continuar con la construcción de “la Parota” a fin de evitar confrontación entre la comunidad y autoridades.

En conferencia de prensa, García Laguna, recordó que el 19 de enero pasado los diputados aprobaron un punto de acuerdo mediante el cual se crea una Comisión integrada por legisladores de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Justicia y Derechos Humanos para que atienda la problemática relacionada con el proyecto.

Demandó que el gobierno estatal no tenía porqué haber asumido la responsabilidad y hacer el trabajo “sucio” del gobierno federal, como el de incentivar un procedimiento inadecuado para imponerle a habitantes de 22 poblaciones afectadas el proyecto hidroeléctrico.

“El Gobierno Estatal en lugar de ser un intermediario se ha convertido en quien le hace el trabajo sucio al Gobierno Federal a través de la representación”.

Explicó que estudios realizados demuestran que la construcción de la Hidroeléctrica no va a funcionar en términos de cubrir la necesidad de producción de agua para la zona.

Existe información de que este proyecto forma parte del proyecto Plan Puebla-Panamá en donde se tiene la intención de construir petroquímicas, hidroeléctricas que se embona con el actual acuerdo “Alianza por la Seguridad y el Progreso de América del Norte”, firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Gobierno de Estados Unidos y Ottawa (Canadá), acuerdo ilegal, manifestó.

Por su parte, integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto de la Parota (Cecop) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinolla”, expresaron que están en contra de la Hidroeléctrica porque, añadieron, es la muerte para la clase campesina.

Informaron que las comunidades más afectadas serían Los Huajes, Dos Arroyos y La Palma, entre otras, porque en éstas se asentaría el vaso de la presa que afectaría a más de 17 mil hectáreas.

“No estamos dispuestos a ceder un solo metro de tierra y lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias, porque éste es un proyecto que no trae desarrollo ni vida para los campesinos”, manifestaron.

Pidieron al gobernador Zeferino Torreblanca deje de intimidar a los campesinos y saque a la policía de sus tierras.

Señalaron que el Gobierno del Estado nunca ha tomado la opinión de los núcleos agrarios afectados, por lo que no puede contar con el apoyo de la mayoría para que se construya dicha Hidroeléctrica.

DJ