La Comisión Especial para investigar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados a la empresa Construcciones Prácticas, entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados el informe final sobre el presunto tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún de Fox.

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Pablo Gómez Álvarez (PRD), dijo que será hasta mañana cuando los integrantes de dicha instancia legislativa opten por las medidas necesarias a efecto de hacer conocimiento al Ejecutivo Federal sobre el resultado de las investigaciones que realizó la Comisión.

También dijo que algunas otras observaciones de dicha comisión serán turnadas a organismos dependientes de la Cámara de Diputados, tal es el caso de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Mañana daré cuenta de la recepción de este documento, así como el papaleo que utilizó la Comisión para realizar las investigaciones, a la Junta de Coordinación Política, y la ésta hará el trámite necesario para que se informen los resultados al Ejecutivo Federal”, agregó.

Sobre la posibilidad de discutir el informe en el Pleno durante la sesión de mañana, Gómez Álvarez dijo que este tema no se encuentra contemplado, pues aseguró que el Pleno “no tiene atribuciones para votar los informes”.

“No está previsto en la legislación del Congreso que discuta y resuelva mismo el Pleno de la Cámara de Diputados, lo cual no impide tampoco que el Pleno pueda discutir el asunto. No tengo informes de que alguien esté solicitando integrar el tema en el orden del día”, dijo.

Por su parte, la presidenta de ese órgano legislativo, Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) dijo que en el documento se contemplan las líneas de investigación que realizó la comisión, así como las 33 conclusiones a las que llegó.

La diputada Sofía Castro Ríos (PRI), mencionó que entre las conclusiones están que la Comisión solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a través del SAT realice auditorías a nueve empresas, de las cuales ocho aparecen a nombre de Manuel Bribiesca Sahagún y su socio mayoritario Miguel Isaac Kuri y a la empresa Construcciones Prácticas S.A. de C.V.

Añadió que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados deberá generar la fiscalización y revisión de las Instituciones del poder público que desplegaron recursos para favorecer a dichas empresas.

También se pide que el Ministerio Público inicie las averiguaciones correspondientes a fin de dejar claro si hubo o no operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al respecto, el diputado Jesús González Schmal (Convergencia) explicó que la metodología tuvo por objeto desarticular los temas de diversas entidades oficiales que fueron facilitando, a través del tiempo, sus negocios y el incremento de la riqueza de la que ahora son titulares.

Detalló que el punto de partida de la investigación fue el negocio con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), en donde adquieren un activo a precios muy bajos y a través de éste negocio traslapan créditos oficiales de Nacional Financiera y de Sociedad Hipotecaria Federal.

De lo anterior se deriva la creación de Sofoles como mecanismos de intermediación financiera, sin embargo, indicó que conforme la Comisión avanzó en la investigación los involucrados en el caso las consumaron de manera precipitada.

El legislador explicó que también abordaron el tema del Fovissste e Infonavit, en donde existen dudas de que haya sido una operación “limpia” conforme a las reglas de las instituciones, ligado a otros aspectos como el Registro Público de la Propiedad, el Registro Público del Comercio y los contratos de crédito.

Otro de los temas se refiere a Pemex y la Administración General de Aduanas, en donde los resultados muestran que fueron favorecidas distintas empresas en los contratos en donde ellos tuvieron participación.

MB/DJ/BL