Periodistas, comunicadores y especialistas en la materia pidieron a la Cámara de Diputados se legisle a nivel federal los delitos, agresiones y crímenes contra informadores, a fin de hacer valer el ejercicio de la libertad de expresión.

Durante el foro “La Despenalización de los Delitos de Prensa: Elementos para una Reforma Legislativa”, urgieron en la necesidad de que se avance en la legislación para despenalizar la calumnia y la injuria.

Condenaron el asalto perpetrado el lunes por la noche a las instalaciones del Diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde resultó herido el reportero Jaime Orozco Tey.

Aseguraron que el sexenio del Presidente Vicente Fox ha sido marcado como el más violento y fatídico de la historia para los informadores, pues nuestro país pasó a ocupar el primer lugar a nivel mundial en asesinatos y agresiones a periodistas por encima de Colombia e incluso Irak, que padece una intervención.

La presidenta del grupo de Trabajo de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Beatriz Mojica Morga (PRD), dijo que las restricciones legales de tipo penal aún existentes en nuestro país, son el principal obstáculo institucional para la plena la libertad de expresión.

Anunció que dicho grupo de trabajo se ocupa en la elaboración de una iniciativa de ley para despenalizar los delitos de prensa, así como establecer sanciones de tipo civil.

Aseguró que la intimidación a periodistas y/o a su familia, a través de amenazas verbales o escritas son los métodos que se utilizan con mayor frecuencia para coartar la libertad de expresión e información, afectando el Estado de derecho y la construcción de una sociedad democrática.

La periodista Lydia Cacho Ribero, narró la detención que padeció en diciembre pasado acusada de difamación y calumnia por un empresario.

Lydia Cacho autora del libro "Los demonios del edén", aborda el caso de una red de pederastia presuntamente encabezada por el empresario mexicano de origen libanés, Jean Succar Kuri; fue detenida el pasado 16 diciembre en Cancún Quintana Roo por policías del estado de Puebla que presentaron una orden de arresto por el cargo de difamación.

La demanda contra la activista y periodista fue presentada por el empresario Kamel Nacif Borge, a quien Cacho vincula con Succar Kuri en el libro.

Dijo que el periodismo mexicano pasa por una “extraña paradoja”, en la capital la prensa enfrenta a una clase política temerosa de las “cámaras y micrófonos, además de que goza de privilegios, mientras que en el resto del país se encuentra acosada por autoridades anacrónicas y hostiles, vínculos de protección política y barbaries producto del crimen organizado.

La también presidenta y fundadora del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM), pidió a los legisladores protección para las y los periodistas, a fin de ejercer la libertad de expresión; actualmente Lydia Cacho vive en Cancún y enfrenta en libertad el proceso que se le sigue en la ciudad de Puebla.

Al respecto, Gonzalo Marroquín presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) precisó que siete periodistas fueron asesinados en los últimos 18 meses y dijo que dichas muertes tienen un mensaje “se quiere limitar la libertad de expresión”, vulnerando así el derecho que tiene todo ciudadano.

Hizo un exhorto a los legisladores para que se respete y se legisle a nivel federal el secreto profesional de los periodistas, pues advirtió que existe el riesgo de que se regrese al pasado, toda vez que hay procesos judiciales en los que se les exige a los periodistas revelen sus fuentes de información.

Por su parte, Teodoro Rentaría Villa, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores del Estado de Morelos, aseguró que a nivel estatal es en donde se encuentra en mayor número de agresiones físicas y jurídicas contra comunicadores.

MB