A pesar de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados someterá a consideración mañana ante el Pleno el punto de acuerdo para reinstalar e integrar la Comisión Especial encargada del caso Bribiesca Sahagún, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD) anunció que no la presidirá.

En conferencia de prensa, la legisladora negó haber recibido presiones e incluso amenazas por parte de la familia Bribiesca y de Los Pinos para que no se incorpore a las investigaciones que llevará a cabo esa instancia legislativa.

Dijo que la decisión de no incorporarse a las investigaciones las externó al coordinador de la bancada del PRD, Pablo Gómez Álvarez, y señaló que durante la reunión plenaria que sostendrán los perredistas previo a la sesión de mañana dará a conocer sus argumentos.

“Como legisladora tenemos que seguir, pero creo que como integrante de la comisión y por razones de agenda y personales, desde mi punto de vista, otros compañeros deben integrar la comisión en caso de crearse”, dijo.

Indicó que la reinstalación de dicha comisión se crea en los mismos términos y objeto con los que nació, es decir con el propósito de investigar la legalidad de los Contratos de Obra Publica Otorgados por Organismos Descentralizados a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV.

Por su parte, el diputado Jesús González Schmal (Convergencia), calificó de despropósito y violación a la ley el que Eduardo Romero Ramos titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP) anunciará que se destinarían 180 millones de pesos para pagar auditorías externas ajenas al gobierno para revisar el caso Bribiesca.

En virtud de lo anterior, el diputado sugirió al secretario actuar conforme a lo establecido y aprobado por esta asamblea, pues de lo contrario dicho acto se prestaría para “tapar hoyos en otros lados y a volver a lavar dinero, que a cumplir con una obligación que le impone la ley”.

Explicó que una vez que se reinstale la comisión, los legisladores coadyuvarán con el Ministerio Público para aportar los elementos de prueba y dar mayor agilidad a todas las diligencias que pueda llevar a cabo el MP, a fin de ayudar a la Procuraduría General de la República en las indagaciones con “toda naturalidad y buena fe” en el caso.

MB