Ante las conversaciones telefónicas (que se publicaron en un diario nacional) sostenidas por el empresario Kamel Nacif, quien mandó detener a la periodista Lydia Cacho porque lo menciona en el libro “Los demonios del Edén”, sobre prácticas de pederastia, los legisladores condenaron el espionaje y pidieron que el caso se investigue a nivel federal.

José Alarcón Hernández (PRI) condenó el espionaje que hace el gobierno de Vicente Fox y expresó que su fracción parlamentaria se pronuncia porque se respete la libertad de expresión, especialmente de los periodistas, además se pronunció a favor del estado de derecho.

Señaló que las llamadas telefónicas a las que hace alusión hoy un diario nacional, dejan ver que la libertad de expresión se aprovechan en una coyuntura específica en un periodo electoral.

En este sentido, se pronunció porque se verifiquen las grabaciones y se investiguen los hechos “para no convertirnos en jueces”.

La Cámara de Diputados debe pronunciarse por la investigación del caso y por la autenticidad y entonces podremos dar una opinión y proceder conforme a la ley, señaló

Miriam Arabián (PAN) denunció que la complicidad del poder y el dinero se está dando actualmente en el gobierno del estado de Puebla, al tiempo que pidió que las investigaciones del caso se lleven a cabo desde el nivel federal.

Beatriz Mojica Morga (PRD) consideró que Mario Marín no merece ser llamado gobernador, porque, agregó, sin pudor alguno, vemos cómo atropella las garantías individuales y coarta la libertad de expresión de los periodistas que se atreven a denunciar fechorías.

La destitución del funcionario público es lo menos que podemos esperar, aseveró.

Anunció que la fracción del PRD promoverá juicio político contra el Gobernador “porque si algo no podemos permitir en el país es que en pleno siglo XXI se violen las garantías consagradas en la Constitución”.

Jorge Kahwagi Macari (PVEM) hizo un llamado al Poder Judicial para que esto se lleve con respeto y apego al derecho sin que se vuelva un linchamiento político. Nadie puede estar por encima de la ley y tenemos que ser cuidadosos de no viciar esos procesos.

Al hacer hincapié a la intervención de las llamadas telefónicas, condenó la violación a las garantías individuales de los particulares, y dijo: “no podemos permitir que se convierta en una práctica cotidiana”.

Jesús González Schmal (Convergencia), aseguró que el atentado que sufrió la periodista Lydia Cacho, lo podemos denominar de lesa humanidad, ya que significó que el Poder Ejecutivo, Judicial, Ministerio Público y Procuraduría se coludieran para agredir y violentar el derecho y materializar la venganza del empresario Kamel Nacif.

Señalo que al prestarse el gobierno de Puebla a formar parte en los ataques a la periodista contribuye a la subversión y a la anarquía, a la amenaza y persecución que vive la prensa libre.

Expresó que el partido Convergencia repudia estas conductas y hace un llamado al Gobernador de Puebla para que rinda cuentas sobre este caso.

DJ