Procuradores, secretarios de Seguridad Pública y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia de todos los estados se pronunciaron por transferir mayores recursos a sus entidades para combatir el narcomenudeo, así como definir de manera exacta el tipo penal en la minuta enviada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados que pretende aprobar diversas reformas y adiciones para dotar de competencia a las autoridades locales en esa materia.

En reunión de trabajo con la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, afirmó que si se aumenta a los estados la responsabilidad para que atiendan una nueva área de trabajo, la cual es propicia para la corrupción y ataques diversos, es importante que cuenten con recursos suficientes.

“En la Conferencia de Procuradores de Justicia se acordaron solicitar mayores recursos para combatir el narcomenudeo, ya que hasta el momento no hay ningún apoyo adicional, pues el presupuesto de 2006 es el mismo de 2005”, precisó.

Dijo que la propuesta del presidente Vicente Fox para reformar el artículo 73 constitucional señala la necesidad de transferir recursos para subsidiar a las procuradurías estatales, lo cual está pendiente.

Detalló que la transferencia de la competencia a las entidades para que conozcan del narcomenudeo es sólo un aspecto general ya que son dos los grandes problemas: la demanda en aumento, que se debe contrarrestar con el combate a la adicción a través de programas y planes de estudio de las secretarías de Educación Pública y de Salud; y la oferta, que se convierte en narcomayoreo, es decir, la delincuencia organizada.

“Si se deja que sean sólo las autoridades locales las que tengamos que afrontar el problema sin recursos, o con pocos, pero sin afrontar los dos problemas: el de la demanda y la oferta a gran escala tendremos un trabajo inútil y desgastante”, sostuvo.

Indicó que el narcomenudeo debe quedar bien descrito en el tipo penal y analizar a fondo, y en su caso desaparecer, la tabla que establece el artículo 195 bis del Código Penal Federal en cuanto a la diversidad de drogas y las cantidades permitidas.

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Fausto Destenave Kuri, apuntó que para combatir este flagelo se necesita de la coordinación de los tres ámbitos de gobierno, así como una política integral de prevención, rehabilitación, investigación y persecución del delito.

Refirió que la propuesta representa para las entidades un panorama preocupante pues no hay un análisis de fondo respecto al impacto económico, social y en las estructuras gubernamentales estatales.

“Al establecer la jurisdicción concurrente existe la posibilidad de que el Poder Judicial Federal descargue totalmente su responsabilidad en el fuero común. (…) No lo podemos hacer solos, necesitamos que la Federación entre con un fuerte apoyo y que haya una concurrencia de obligaciones y apoyos”, precisó.

El procurador de Guerrero, Eduardo Murueta, dijo que la propuesta es una “solución desesperada” pues no se ha podido resolver el problema de las drogas.

“Creo que debimos hacer un trabajo de más calidad, un programa nacional (…). Los narcotraficantes están amenazando y corrompiendo policías. Sentimos que es nuestra responsabilidad, porque es nuestra gente y nuestro estado, pero estamos previendo sólo una parte del problema”, sostuvo.

Detalló que no hay una preparación especializada, por lo que se debe replantear el problema y legislar mediante una ley nacional de narcomenudeo que responda a los objetivos que se plantean en el país.

El presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa, Jorge Romero Zazueta, añadió que además del aspecto económico, es fundamental la definición de tipo legal en el artículo 473 de la Ley General de Salud, ya que su redacción es vaga y no permite individualizar con exactitud la conducta prohibida.

“… Se deja en la inderterminación la cantidad precisa de narcóticos que se requiere para que se cumpla el supuesto de este delito, lo que, de aprobarse, implicaría que sería el Ministerio Público y el juez quienes cerrarían el caso penal determinando la cantidad y que podría ser violatoria del principio de legalidad ”, dijo.

Propuso que cuando exista concurso de delitos de narcomenudeo y otros del fuero federal se surta, legalmente, la competencia de la Federación sin que ello dependa de un acto de discrecionalidad del Ministerio Público Federal para determinar si atrae o no el asunto.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rebeca Godínez y Bravo (PRI) manifestó su preocupación por tratarse de una transferencia y no de concurrencia para conocer de este delito, pues “es básicamente responsabilidad de las entidades federativas y no de concurrencia, como estaba planteado originalmente.

Sostuvo que las bandas de narcomenudeo han organizado una estructura con células delictivas encargadas de la transportación, distribución y venta de droga, así como la construcción de redes de protección, socavando el sistema de justicia mexicano.

Sin embargo, refirió que la minuta sólo parte del problema que implica la lucha y combate contra el narcotráfico, por lo que no será la “panacea”.

Por su parte, la diputada Eliana García Laguna (PRD), integrante de dicha comisión, subrayó que la propuesta debe ser más concreta y separar las reformas en materia de salud del área penal, ya que la adicción es un problema de salud pública y no de seguridad.

“En la tentación en la que caemos es de criminalizar conductas revolviéndolas sin poder hacer una definición clara (…). No aumentemos las penas sólo por nuestra falta de capacidad”, apuntó.

Precisó que debe haber facultades y acciones contundentes para combatir el narcomenudeo, lo cual no se ha logrado por falta de capacidad y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Por su parte, José Guadalupe Carrera Domínguez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dijo que el problema no es sólo de salud, sino de seguridad nacional “tan grave que buscamos soluciones para contrarrestar el flagelo” e indicó que no se han sentado los factores para encausar el combate a la delincuencia.

Señaló que es normal la incertidumbre de procuración e impartición de justicia, ante la falta de definiciones en el presupuesto y al aumento de la carga de trabajo para los estados.

La minuta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Salud y los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales en materia de narcomenudeo fue enviada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2005.

SH