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Nota N°. 3225 Avalan diputados integrar la comisión especial que investiga a la empresa construcciones prácticas

Con la abstención del Grupo Parlamentario del PAN, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló por 239 votos a favor, 0 en contra y 115 abstenciones, la integración de la Comisión Especial encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados a la empresa Construcciones Prácticas.

Dicha comisión estará presidida por el diputado Jesús González Shcmal (Convergencia) y quedará conformada por 12 legisladores, cuatro del PRI, tres del PAN, dos del PRD, uno del PVEM, PT y Convergencia.

Para hablar en contra, subió a tribuna el diputado Germán Martínez Cázares (PAN), quien dijo que su grupo parlamentario “no defiende a nadie, ni mete las manos al fuego por los hijos de nadie, ya sean los hijos de la esposa del Presidente”.

Precisó que es un acto de campaña organizado por la oposición contra el presidente Vicente Fox, por lo que se abstendrán de participar en dicha comisión.

“Yo respeto la lucha de los puntos de vista de la diputada Mícher, que ya no está en la comisión que se nos propone aprobar. Yo creo que con ella podemos hacer útiles socialmente nuestras diferencias. Si ella tiene elementos de prueba, yo la acompaño a la PGR a denunciar”, afirmó.

Dijo que su partido apuesta al estado de Derecho para que en las instituciones y en el marco de la ley, se resuelvan las responsabilidades penales contra cualquier mexicano.

Por su parte, la diputada Martha Lucía Mícher Camarena (PRD), apuntó que la comisión es investigadora y de control constitucional en el ejercicio de las facultades de los legisladores, y no de carácter jurisdiccional.

Destacó que la comisión no ha acusado a nadie, sino sólo ha presentado los hechos y conclusiones sobre los que se han sugerido algunas acciones que corresponden a la PGR, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

“Es el Ministerio Público, que después de un dictamen de la Secretaría de la Función Pública o de la Secretaría de Hacienda, debe solicitar se inicie una averiguación previa. Nos son pruebas, nosotros tenemos información documentada”, precisó.

Apuntó que continúan recibiendo información, por lo que se debe actuar en consecuencia para el ejercicio de fiscalización de los recursos.

Dijo que se trata de una comisión política, “porque hay que censurar el ejercicio del poder público” e hizo un llamado al PAN a que no se abstengan de participar en la comisión para ser congruentes y transparentes con la demanda de la ciudadanía.

Juan Fernando Perdomo Bueno, (Convergencia), respaldó la instalación de la comisión, ya que dijo “existen evidencias” de tráfico de influencias.

Precisó que si todo se aclara será por el bien de los mexicanos, ya que a nadie le conviene que ese asunto quede inconcluso. “Debe darse una decisión final de esta comisión que, sin duda, debe llevarlo al Ejecutivo Federal para que se tomen las últimas acciones en esta instancia”.

Al respecto, el coordinador de la bancada del PRD, Pablo Gómez Álvarez dijo que las investigaciones que realizará la comisión serán de tipo político es decir, cuestiones que están desarrolladas con las Administración Pública, funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.

“Es eso lo que se esta investigando”, agregó.

Pidió al Presidente Vicente Fox que no se convierta en defensor de los hijos de su esposa.

“Eso es algo contrario, a la República, a la democracia, al carácter representativo del Estado Mexicano y a la investidura que el pueblo de México le dio al actual Jefe del Estado”, consideró.

La comisión se encargará de investigar organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en sus relaciones con algunos particulares y en posibles actos de tráfico de influencias.

La solicitud, presentada por el diputado Emilio Chuayffet Chemor ante la Junta de Coordinación Política, fue respaldada por 153 firmas de legisladores para su integración y tendrá como vigencia el 30 de julio del 2006 para entregar un informe final a la Junta de Coordinación Política, dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo.

SH/MB

 
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