El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 335 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones reformas al artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que la vivienda se incorpore dentro de los ejes de la política de desarrollo social.

La iniciativa propone también hacer una adición al artículo 28, ubicado en el capitulo III, “Del financiamiento y gasto”, que establece normas para la publicidad e información relativa a los programas de desarrollo social.

A nombre de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado Armando Rangel Hernández (PAN), dijo que recoger este derecho en el texto legal, tiene por objeto asegurar el acceso de toda población al desarrollo, pues con él, dijo, se fortalece el apoyo que la política de Estado proporciona, en particular a los más pobres.

Dijo que la propuesta de adicionar un párrafo al artículo 28, dispone un candado para que los servidores públicos que manejen los programas sociales no hagan un uso discrecional ni personal de los mismos.

Consideró de primordial importancia el que se incluya a la vivienda como vertiente operativa de la citada ley, pues ésta, dijo, ya la “reconoce como derecho para el desarrollo conjuntamente con la educación, salud, alimentación, el disfrute de un medio ambiente propicio así como el trabajo y la no discriminación”.

Por otra parte, se aprobaron reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de que los pueblos y comunidades indígenas amplíen los derechos que ya tienen como ciudadanos.

El dictamen aprobado por 346 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones busca dotar a las comunidades indígenas de los instrumentos jurídicos para que tengan participación activa en los programas y proyectos productivos, operados por los tres niveles de gobierno.

En virtud de lo anterior, precisa la diputada Beatriz Zavala Peniche (PAN), mediante acciones encaminadas a fortalecer la economía local, mejorar las condiciones de vida de dichas comunidades y lograr la suficiencia de sus ingresos.

En el documento se señala además que deberá considerarse la aplicación de estímulos para las inversiones privadas e incremento para las inversiones públicas que propicien la creación de empleos; la organización, capacitación, asistencia técnica y el uso de tecnologías para incrementar su capacidad productiva y asegurar el acceso equitativo al crédito, a los sistemas de abasto y comercialización.

Ambos dictámenes se turnaron al Senado de la República para su trámite correspondiente.

MB