Las declaraciones del gobernador de Puebla, Mario Marín, respecto al caso de la periodista Lydia Cacho provocaron un ríspido debate en el Pleno de la Cámara de Diputados, en el que PAN, PRD, PT y Convergencia se pronunciaron porque se emprenda juicio político al gobernador.

El PRI se manifestó porque se cumpla la ley, pero, dijo, es importante aseverar los argumentos que se presentan para declarar juicio político al gobernador.

José Porfirio Alarcón (PRI) aseguró que su fracción parlamentaria está por la investigación, el Estado de Derecho, pero por supuesto, no con el aprovechamiento del escándalo político electoral.

“Estoy de acuerdo en que los integrantes de la Cámara de Diputados somos los primeros obligados al cumplimiento de la ley, en ese camino estamos y no queremos eludir otros caminos”, añadió.

Enfatizó que la periodista no fue secuestrada porque existe una denuncia de por medio, por lo que dijo: se argumenta secuestro, agresión, persecución y fabricación de delitos, nada más falso.

“Es falso que no se haya ajustado todo el procedimiento a lo que señala la ley de manera precisa, ya que Lydia Cacho no tenía un amparo”.

Miriam Arabian, en voz de la fracción del PAN, expresó que los legisladores no pueden ser cómplices de las violaciones a la Constitución, de las garantías individuales y de la colusión del Poder Ejecutivo con el Legislativo, locales.

Manifestó que el PAN se suma a la petición de juicio político y pidió que se haga respetar la Constitución y las leyes, “vamos a hacer un país de justicia sólo cuando nosotros la hagamos respetar”, subrayó.

El coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez Álvarez, pidió al gobernador de Chiapas que aclare su presunta vinculación con los personajes aludidos en las grabaciones.

EL PRI debería pedirle al gobernador Marín que se separe del cargo por decoro partidista, enfatizó.

“Exhorto a la Cámara a actuar con dignidad, como representante de la Nación que no defrauden la confianza que alguna vez depositó el pueblo”, finalizó.

Joel Padilla Peña (PT) aseveró que si el gobernador Mario Marín confía en su inocencia -creencia por demás altamente cuestionable- debe separarse de sus funciones.

Los diputados que estamos a favor de la legalidad y la transparencia, en el ejercicio de la función pública, tenemos la obligación de dar certeza a la ciudadanía de que nuestra actuación debe estar sujeta a lo que dispongan las leyes.

Jesús González Schmal (Convergencia) se pronunció por hacer una excitativa a la Cámara de Senadores porque se agravió el principio constitucional de la división de poderes.

Cuando en estos hechos que se dieron, se coluden los poderes locales para ejercer presión, secuestro y agresión a una periodista, es, evidentemente la hipótesis de la desaparición de poderes.

“Estamos en una flagrancia de atentado al orden constitucional cuyos autores son los poderes constituidos en el estado de Puebla”, finalizó.

DJ