Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados acordó pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso de la periodista Lydia Cacho, legisladores del PRI, PAN y PRD solicitaron al Máximo Tribunal, se dé seguimiento puntual al caso, a fin de deslindar responsabilidades y hacer valer el Estado de Derecho.

Afirmaron que tienen la responsabilidad de seguir de cerca no solamente el actuar de la Suprema Corte, sino recobrar la credibilidad en las instituciones y sus representantes porque éste, dijeron, es el reto ante la ciudadanía.

Pidieron una investigación a fondo e investigar la red de pederastia que está detrás de este asunto y castigar este delito “ominoso”.

Se pronunciaron porque este asunto se despolitice, con el propósito de que se aplique la justicia en el país y se respeten los derechos humanos.

Indicaron que la sentencia de la Corte en el caso, tiene la fuerza del Poder Judicial para investigar ilícitos y castigar a los presuntos responsables o culpables.

Por su parte, diputados del PAN y PRD condenaron el secuestro, encarcelamiento y juicio que padeció la periodista Lydia Cacho por parte del Poder Judicial del estado de Puebla y señalaron que sólo cumplía con su trabajo.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, la diputada Ruth Hernández Martínez dijo que su fracción está a favor de que el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres se retire del cargo mientras se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y se pronunció porque se le aplique juicio político.

Pidió dejar atrás los vicios de autoritarismo, el uso faccioso de la Ley, así como la presencia y fuerza que tiene el poder económico en nuestro país en las decisiones políticas.

Aseguró que no sólo se habla de un caso en donde se atropelló la libertad de expresión, sino al valor que tuvo una periodista al denunciar una red de pederastia y de pornografía infantil protegida por “políticos, actores económicos y empresarios”.

Dijo que en las grabaciones dadas a conocer por los medios de comunicación, los mexicanos nos enteramos de cómo “se gesta desde la esfera del gobierno una detención de manera irregular y arbitraria con relación a una periodista”.

Por su parte, el diputado Carlos Flores Rico (PRI) pidió no hacer juicios adelantados, sino hasta que se dicte sentencia en el caso.

“Que la corte juzgue si hay o no violaciones en los derechos fundamentales, en la garantía individual de la señora Lydia Cacho”.

“No podemos prejuzgar, ni recriminar el juicio, ni obligar a la Corte a tener una resolución, que tenga la que corresponda a derecho, a los hechos, que tenga la verdad jurídica y real”, agregó.

Afirmó que para su partido existieron tres “valores fundamentales” para que la Corte atrajera el caso: Estado de Derecho, existencia y vigilancia de la legalidad y equidad de género.

Dejó en claro que este tema no es del PRI, sino es un asunto del poder, de la corrupción, de la desviación de la función pública, “la colusión para delinquir no es patrimonio de ningún partido es lamentable una condición del mal arreglo del poder”.

En su oportunidad, el vocero del grupo parlamentario del PRD, Inti Muñoz Santini, recordó la denuncia penal que presentó su partido ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investigue la veracidad y el origen de las grabaciones entre el gobernador de Puebla y el empresario textil Kamel Nacif Borge.

Aseguró que el Poder Legislativo ha jugado un papel muy importante en la denuncia de hechos al dejar claro “que esto no puede quedar impune”, asimismo, pidió al Ejecutivo Federal actuar con más fuerza al respecto.

“Creemos que la demanda de que se retire del cargo tiene mucho sentido, es una demanda sincera y honesta que pide al gobernador que no obstaculice las investigaciones y que él mismo colabore en que esto se aclare”, añadió.

Finalmente, se pronunciaron porque no se pongan trabas en este asunto, a fin de continuar con las indagaciones y esclarecer al respecto para contribuir a que en nuestro país exista un libre ejercicio de la libertad de expresión e información.

MB