Palacio Legislativo de San Lázaro, 01 de junio de 2006 (Notilegis).- El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Finanzas Públicas de la Fracción Parlamentaria del PRD, pidió al secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, que a la brevedad inicie las investigaciones para deslindar responsabilidades y castigar a los funcionarios públicos responsables de las irregularidades cometidas en el Rescate Bancario del 94 y 95.

El legislador informó que hoy enviarán una misiva a Romero Ramos en la que se informa que el pueblo de México carga con una deuda de un billón 300 mil millones de pesos, hechos que deben investigarse para deslindar responsabilidades, sin embargo no existe investigación sobre el caso.

Ramírez Cuéllar afirmó que la SCJN ha sido un obstáculo en las investigaciones que se realizan para reducir el costo fiscal del rescate bancario.

Si el presidente de la República y el Partido Acción Nacional no quieren continuar de “tapadera” de este enorme desfalco bancario, ahora tienen la oportunidad de iniciar las investigaciones a cargo del Secretario de la Función Pública, enfatizó el diputado del PRD.

Agregó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó diversas conductas delictivas, que consisten principalmente en: se obtuvieron créditos por medio de datos falsos sobre el monto de activos y pasivos de una entidad o persona física o moral.
Por lo anterior, dijo, es falso que el Rescate Bancario iniciado por el Fobaproa y los resultantes pasivos a cargo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) sea un caso concluido y cerrado en términos legales.

Aunque muchas consecuencias judiciales han sido anuladas con las cuestionables resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quedan algunas medidas pendientes, señaló.

Al dar lectura a la misiva, Ramírez Cuéllar afirmó que se iniciaron 65 averiguaciones previas, de las cuales 62 fueron radicadas ante el órgano jurisdiccional competente como causa penal.

Y ante la solicitud de información que hizo la ASF al IPAB, respecto al estado procesal que guardan la 62 denuncias señaladas, el diputado comentó que hay 31 prescripciones de la acción penal, debido a la falta de actuación en tiempo y forma de la Procuraduría Fiscal de la Federación, como autoridad competente.

Existen 8 sobreseimientos por falta de la ratificación de la querella a cargo de la Procuraduría Fiscal de la Federación; 2 dictámenes de la PGR sobre el no ejercicio de la acción penal, debido a falta de elementos para procesar a los indiciados; una abstención de la Procuraduría Fiscal de la Federación en la formulación de su querella, y 6 casos enviados a reserva por la PGR porque faltan elementos para procesar a los indiciados, entre otros.

Por lo anterior, agregó el perredista, la ASF concluye, entre otras cosas, que la actuación de los ministerios públicos, de la CNBV, los interventores gerenciales de los bancos, los órganos internos de control del Ejecutivo Federal, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la PGR deberán ser evaluados para deslindar las responsabilidades de la fundamentación y motivación de diversas denuncias y querellas, así como de la responsabilidad de funcionarios públicos que dejaron prescribir las acciones.

En conferencia de prensa y acompañado de Javier Parra, dirigente de el Barzón en el Estado de Guerrero y Juan Moreno, asesor del PRD, Alfonso Ramírez Cuéllar puntualizó que hay funcionarios de anteriores administraciones como la de Ernesto Zedillo, que forman parte del gobierno actual y son responsables de haber dejado prescribir los delitos.

DJ.