La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas y Petricioli informó, en entrevista a los medios de comunicación, que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República por la intromisión de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) al Recinto Legislativo.

“Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a este tipo de actitudes, nosotros en la Cámara de Diputados, en esta Legislatura hemos siempre puesto el mejor esfuerzo en tender puentes con el Ejecutivo Federal”, aseveró.

La legisladora puntualizó que seis personas, encabezadas por Edith Carbajal, quien se identificó con una credencial de la Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República, ingresaron al Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar una notificación judicial a uno de los miembros integrantes de este Poder.

González Salas afirmó que este hecho es una flagrante intromisión a la soberanía de uno de los tres poderes de la Nación, de acuerdo a lo establecido en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que a la letra dicen:

Artículo 61.- …El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Artículo 12.- Los recintos del Congreso y de sus cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida a tener acceso a los mismos, salvo con permiso del Presidente del Congreso, de la Cámara respectiva o de la Comisión Permanente, según corresponda, bajo cuyo mando quedará en este caso.

Artículo 13.- Ninguna autoridad podrá ejecutar mandatos judiciales o administrativos sobre los bienes nacionales destinados al servicio del Congreso o de sus cámaras ni sobre las personas o bienes de los diputados o senadores en el interior de los recintos parlamentarios.

“Nos parece una grave falta de respeto que haya sucedido esto el día de hoy, cuando hay otras vías mucho más transitables para lograr el acuerdo o para haber entregado esta notificación”, agregó.

González Salas señaló que los funcionarios de la SIEDO indicaron al Agente de Resguardo y Seguridad, José Luis Navarrete, que se entrevistarían con Janete Villa, Asesora del Comité de Información, Gestoría y Quejas, acción que no fue verídica, como se constata en las cámaras de circuito cerrado, instaladas al interior del Recinto Legislativo.

“Nos parece muy delicado que pueda ser una situación para crear un escándalo cuando se necesita llegar a consensos y acuerdos, y no a ambientes de crispación política, espero que haya sido un malentendido, un conflicto interno en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada”, expresó la Presidenta de la Mesa Directiva.

La legisladora presentó a los medios de comunicación la notificación que tenía como destinatario al diputado del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Humberto Martínez de la Cruz, la cual, establece el anexo de la copia de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/059/2006, señalamiento que también es falso.

“Lo que llama la atención es que hayan engañado para entrar, que se haya violentado el Recinto Parlamentario, es una preocupación que haya una intención de crear un escándalo en este sentido, porque la dirección que viene en la notificación es la de la H. Cámara, no la del diputado”, precisó.

González Salas aclaró que la Mesa Directiva no protege al diputado en su actuación, pero sí la inviolabilidad de la Cámara. “La Constitución protege al diputado con el fuero constitucional, él es responsable de sus acciones, dichos y hechos”, precisó.

El Director General de Asuntos Jurídicos, Felipe de Jesús Zamora presentará ante la PGR, y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, la denuncia correspondiente en contra de quien resulte responsable por la violación al Recinto Parlamentario.

Asimismo, realizarán una investigación y presentarán una queja administrativa contra los funcionarios que actuaron en forma indebida.

“Será la PGR quien determine el curso de la solicitud, quien averigüe y determine quiénes son los responsables”, concluyó Felipe de Jesús Zamora.

BL/AC