Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de mayo de 2006. (Notilegis). El PRD en la Cámara de Diputados exigió la destitución de los titulares de la Policía Federal Preventiva, Eduardo Alejandro Martínez, y del comisionado de la Agencia de Seguridad del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, por la presunta violación de los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes de San Salvador Atenco.

En conferencia de prensa, a nombre de la Coordinación de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del PRD, la diputada Eliana García Laguna, solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitir, a la brevedad, una recomendación sobre los hechos; a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir la investigación correspondiente y consignar a los presuntos responsables; y deslindar la responsabilidad penal a quienes agredieron a elementos policiacos.

“La vigencia y protección de los derechos humanos es imprescindible y dada la gravedad de los hechos de corte fascista cometidos por servidores públicos tanto del Estado de México como de la PFP, las víctimas y la sociedad esperan mayor contundencia en el posicionamiento de la institución que encabeza José Luis Soberanes”, apuntó.

La diputada argumentó que en el informe preliminar de la CNDH sobre los hechos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco, que dio a conocer ayer lunes, se configuran delitos de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma como el asesinato, la tortura, la violación o cualquier forma de violencia sexual, entre otros.

“Se comenta que el organismo ya cuenta con una serie de constancias que documentan evidencias y pruebas de las violaciones a los derechos humanos, lo cual le permitiría emitir no sólo un informe preliminar sino, como lo determina nuestra Constitución en el Apartado B del artículo 102, una recomendación pública no vinculatorias y las denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”, sostuvo.

García Laguna detalló que el informe señala que la CNDH ha recibido 211 quejas, de las cuales 202 personas acreditan lesiones como consecuencia de tratos crueles, inhumanos o degradantes; 123 denuncian daño en propiedad ajena; 80, cateos ilegales; 76, robo; 64, incomunicación; 29, amenazas y 28 personas dilación o negligencia médica.

“Tenemos información de que el joven que se encuentra en coma, en el hospital de Zaragoza pudo haber recibido atención médica a tiempo y no sufrir traumatismo cerebral, si hubieran permitido que entraran las ambulancias para sacarlo, pero no les permitieron la entrada”, expresó.

Por último, la legisladora afirmó que “el gobierno federal debe empezar a actuar en congruencia con su recién adquirida posición, incluso en calidad de Presidencia, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y demostrar con acciones su auténtico compromiso con el respeto a los derechos y a la legalidad de la persona humana en México”.

SH