Palacio Legislativo, 03-XI-2006. (Notilegis).- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos se reunirá el próximo martes para integrar la Subcomisión de Examen Previo, que analizará y desahogará las denuncias de juicio político pendientes, ya que es obligación de los legisladores darles trámite y estar listos ante otros casos que eventualmente pudieran presentarse.

En entrevista, el presidente de dicho órgano legislativo, César Camacho Quiroz (PRI), dijo desconocer si la denuncia de juicio político, interpuesta hace unos días por el PRD, en contra del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, será un asunto prioritario a tratar en la Subcomisión.

“¿Por qué prejuzgar?, dijo el diputado del PRI, debido a que la Subcomisión de Examen Previo no se integra a propósito de ninguna petición ni tiene dedicatoria. Tenemos necesidad de integrar la Subcomisión, porque debemos estar listos para cuando se necesite, para cuando se deba dar trámite a asuntos de esa naturaleza”, comentó.

Luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia y Derechos Humanos a integrar dicha Subcomisión, Camacho Quiroz expresó que el mecanismo legislativo adecuado era una excitativa y calificó como “grave” que en un país de instituciones se suponga que la composición de una instancia legislativa tenga un “destinatario con nombre y apellido”.

“Soy de quienes tienen la convicción de que los asuntos no se deben quedar en la mesa de trámite, es decir, los asuntos se tienen que resolver. La resolución de los casos no se debe evadir, por lo que hay que desahogarlos todos. Mi interés personal es que no haya ningún asunto al que no le entremos”, acotó.

Explicó que la Subcomisión quedará integrada por siete diputados de la Comisión de Gobernación y otros siete de la de Justicia y Derechos Humanos para después comunicarlo a la Junta de Coordinación Política.

Al ser cuestionado sobre las controversias interpuestas por Ulises Ruiz ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que se tiene la certeza que es una vía jurídica equivocada y es un hecho que sería desechada por notoriamente improcedente, ya que los puntos de acuerdo del Poder Legislativo no son vinculantes, es decir, “son simplemente exhortaciones”.

Sin embargo, manifestó que el apoyo a Ulises Ruiz no sólo es político sino jurídico pues es el gobernador constitucional de Oaxaca y en todo caso, corresponde a él decidir si deja el cargo o no, pero sin presiones de agentes externos. “El Senado es la instancia que pudo haber llevado a cabo, jurídicamente, una declaración de desaparición de poderes, pero decidió no hacerlo y me parecería riesgoso hacer que una visión personal o grupal pueda convertirse en una motivación jurídica”, concluyó.

SHH