Palacio Legislativo, 13/III/2007. (Notilegis).- En México, cada año emigran y transitan más de 800 mil indocumentados, de los cuales, más de la mitad son ciudadanos mexicanos; y el resto son migrantes latinos que intentan atravesar el territorio nacional para ingresar a Estados Unidos, por lo que es necesario legislar en la materia sin trastocar sus derechos humanos, explicó a diputados Cecilia Romero Castillo, comisionada del Instituto Nacional de Migración.

Durante la comparecencia ante Comisiones Unidas de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, la funcionaria federal reconoció las deficiencias en materia de derechos humanos que se presentan en las estaciones migratorias, sin embargo, aseguró que su administración está atendiendo las recomendaciones y quejas emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Respecto a los señalamientos contenidos en el informe de la CNDH sobre las condiciones de las estaciones migratorias, Romero Castillo aludió el Programa de Dignificación de las Estaciones Migratorias, cuyo principal objetivo, subrayó, es contrarrestar las insuficiencias en materia de infraestructura, salud y suministro de bienes.

Advirtió que el funcionario que utilice las cárceles como estaciones migratorias será sancionado con el cese inmediato, además, los extranjeros que hayan sido víctimas de violación a sus derechos humanos se les otorgará una visa especial para permanecer en el territorio nacional con la calidad migratoria de No Inmigrante Visitante, en tanto les sean resarcidos sus derechos.

Asimismo, señaló que de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación elaboran el Programa Integral para una Frontera Sur Segura con Respeto a los Derechos Humanos, a fin de detener el aumento de actos delictivos que recientemente se han suscitado en la región.

Añadió que el 80 por ciento de los cruces ocurren en la frontera con Belice y Guatemala y que tan sólo en 2006 se registraron más de 180 mil aseguramientos, lo que muestra la magnitud del fenómeno migratorio.

Romero Castillo se pronunció en contra de la postura anti-migratoria del vecino país del norte, por lo que propuso la formulación de una políticamigratoria integral con la colaboración coordinada y respetuosa de los tres órdenes de gobierno. Y de los tres poderes de la Unión.

La comisionada reconoció que la legislación en materia migratoria se encuentra desfasada de la realidad y de las necesidades del país para realizar una gestión moderna y efectiva de los flujos migrantes, debido a que su sustento jurídico, la Ley General de Población, tiene más de 30 años de haber sido promulgada.

Por lo anterior, insistió en la necesidad de realizar una reforma a citada Ley para se garanticen los derechos de los migrantes y se sustente la formulación de una política migratoria integral del Estado Mexicano.

BL