Palacio Legislativo, 28-III-2007 (Notilegis).- El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, aseguró que las expropiaciones en Tepito e Iztapalapa “están apegadas a derecho” y detalló que a raíz de las medidas implementadas, se interpusieron 13 amparos y ninguno causó suspensión, “no encuentro a alguien que diga que el proceso es ilegal, si los jueces no lo están determinando”.

A participar en el Foro sobre la extinción de dominio de los bienes propiedad del crimen organizado y su aplicación en México, el funcionario capitalino reconoció que a nivel legislativo, las normas no han acompañado la evolución que ha tenido el crimen organizado, y en la práctica cotidiana no se responde de la mejor manera para combatir las cadenas delincuenciales.

“Sin temor a equivocarnos, podemos decir que no existen instrumentos jurídicos idóneos y que es indispensable que a nivel local y federal se hagan las adecuaciones normativas para proporciónarselas a las autoridades y así combatir a la delincuencia de manera efectiva”, dijo.

Pidió el apoyo del Congreso de la Unión para legislar en materia de extinción de dominio “y que nos permita tener otro mecanismo alterno a la expropiación. Con esta figura, estamos obligados a indemnizar a los afectados, a aquellos que no sean delincuentes”.

Con los mecanismos actuales, precisó, el proceso es muy lento, “y lo que solicitamos que se pueda ampliar el concepto de utilidad pública cuando sean por cuestiones de seguridad pública, es decir, el crimen organizado debidamente identificado, y cuando tenga como finalidad el reciclaje de espacios suburbanos para la vivienda de interés social”.

En este sentido, Joel Ortega explicó que en Tepito se han identificado varios departamentos donde se continúa vendiendo droga, y sin embargo, añadió, hacer una expropiación resultaría más costoso.

En tanto, el coordinador de la bancada PRD, Javier González Garza, dijo que la incautación de bienes al crimen organizado es un asunto trascendente para el país, por lo que requiere que en el ámbito legislativo haya una profunda discusión.

Se pronunció por crear un marco regulatorio y establecer las normas para la incautación de inmuebles del crimen organizado, toda vez que el Estado mexicano pierde muchos juicios y se desgasta económica, administrativa y jurídicamente al tratar de apoderarse de los bienes del narcotráfico.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa Patrón habló de la necesidad de avanzar en las modificaciones a la legislación en materia de prevención del delito.

Aseguró que hay un mal manejo por parte del gobierno en los bienes decomisados y dijo que es necesario eliminar la incertidumbre de la sociedad mexicana en relación a qué se aplica o destina el resultado de la venta de los recursos decomisados.

RRA